Iqoxe: Alea jacta est

El pasado martes finalizaron las comparecencias parlamentarias de la comisión que estudia la seguridad en el sector de la petroquímica, que se puso en marcha a raíz del accidente del pasado 14 de enero en la planta de Iqoxe que acabó con la vida de tres personas. Desde mediados del mes de mayo, han sido 35 las personas que han participado en una decena de sesiones –la mayoría de ellas telemáticas– entre altos cargos de la Generalitat, políticos, expertos y representantes sindicales y vecinales.

El pasado jueves, todas las formaciones con representación en el Parlament de Catalunya –a excepción del PP, que solo negociará al estar en contra de que la comisión parlamentaria fuera de estudio y no de investigación– registraron sus conclusiones, que serán negociadas este martes en la comisión que se ha convocado a partir de las 15.30 horas por videoconferencia. El objetivo de este encuentro será intentar consensuar un texto unitario para que sea votado en el último pleno de la legislatura –el conocido como escoba–, previsto para la semana del 14 de diciembre, y que pretende aprobar las conclusiones para que estas puedan servir para impulsar, negociar y tramitar los cambios legislativos necesarios a partir del próximo mandato, que se iniciará a partir de las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 2021.

Salas de control bunkerizadas

En general, hay muchos puntos coincidentes entre las seis formaciones que han presentado escritos para ser debatidos. Los informes se han dividido en cuatro aspectos: seguridad interna, seguridad externa, gestión interna y gestión externa.

En el primer apartado, es prácticamente unánime la reivindicación de que las salas de control de la industria petroquímica estén bunkerizadas, así como la petición para que haya una mayor inspección de Treball por parte de la Generalitat.

En este apartado, además, Ciutadans insta a las asociaciones sectoriales –en especial a la AEQT– a «revisar en profundidad los riesgos inherentes a cada uno de los productos», mientras que ERC propone crear un grupo técnico de Bombers químics. Por su parte, Junts pone sobre la mesa «implementar el concepto de cajas negras», el PSC apuesta por «reforzar las inspectores de Treball», los Comuns recalcan la necesidad de «redactar una ley específica de la gestión de las emergencias en la planta petroquímica de Tarragona» y la CUP apuesta por «redactar una nueva legislación más restrictiva con las medidas de control ambiental y de seguridad» y «revisar todas las licencias otorgadas durante los últimos diez años».

Sensores y drones

Por lo que se refiere a la seguridad externa, el punto en común entre las formaciones es la reivindicación para usar la tecnología para dar un plus de seguridad a las instalaciones. En este sentido, es prácticamente unánime la reivindicación para habilitar los esperados sensores perimetrales –paralizados por la falta de presupuesto de la Generalitat, según anunció esta semana el conseller de l’Interior, Miquel Sàmper (Junts)– así como la posibilidad de utilizar drones. Asimismo, todos apuestan también por mejorar la formación en materia química a los ciudadanos.

Paralelamente, Ciutadans solicita al Govern «realizar una revisión exhaustiva de la situación real de los polígonos de la industria química», a la vez que desde ERC «se constata que es necesaria una revaluación de los riesgos» y «medir todos los compuestos químicos volátiles». Junts quiere «establecer protocolos claros de coordinación» y «revisar todos los compuestos que no están regulados». El PSC insta a «regular la medición de compuestos que pueden tener incidencia en el Medioambiente y la salud de las personas que no ahora no es obligado su control», mientras que En Comú Podem quiere «establecer la obligación de dotar a los polígonos de unidades de acción rápida para actuar en caso de accidente». Por su parte, la CUP resalta que «periódicamente, la Generalitat inste a los ayuntamientos afectados por el Complex Petroquímic a requerir a ls empresas la relación y el detalle de los diferentes expedientes sancionadores en materia ambiental, laboral y de seguridad que se les hayan abierto».

Revisión de los riesgos

En el análisis sobre la gestión interna, las formaciones coinciden mayoritariamente en el hecho de que las empresas del sector químico deben impulsar una revisión de los riesgos y actualización de los planes de autoprotección, así como una mejora de los protocolos de comunicación en caso de emergencia.

Ciutadans, asimismo, quiere que AEQT y Fedequim «creen un grupo de trabajo en el que se integren responsables de las principales empresas clasificadas de nivel alto junto a los principales agentes sociales» para configurar una herramienta «consultiva» para asesorar a las empresas del sector en materia de seguridad. ERC pide «la máxima transparencia» en «la documentación de emergencia y de seguridad de las empresas», mientras que Junts opta por «exigir a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones en los elementos de autoprotección». Desde el PSC se propone «que la información de los ssistemas internos de las plantas se registren en servidores externos para que no se pierdan en una eventual explosión», mientras que los Comuns apuestan por «aumentar los recursos de las unidades de emergencias». Asimimo, la CUP pide que «se garantice un sistema para que los sistemas de emergencias puedan acceder a conocer los productos y los procesos que se desarrollan si hay un accidente».

Plaseqta y aviso por SMS

Por lo que se refiere a la gestión externa, la opinión más común entre las fuerzas políticas es la necesidad de volver la gestión de las emergencias al territorio mediante un Plaseqta dotando de recursos a los ayuntamientos, así como el impulso de los sistemas de aviso mediante la tecnología Cell Broadcast para alertas de las emergencias mediante mensajes de telefonía móvil.

Sobre la gestión exterior, Ciutadans remarca que «debe crearse un grupo de trabajo específico para la revisión continua de los planes de emergencia», así como apostar por la «megafonía en lugares de especial peligrosidad». ERC, por su parte, propone «encontrar una fórmula para que las empresas de riesgo con sustancias clasificadas como peligrosas financien los costes de los planes municipales de seguridad química y el desarrollo de simulacros obligatorios».

Desde Junts per Catalunya se priorizaría que «Seguretat Industrial adapta sus estudios y criterios de accidente a la realidad post-Iqoxe, considerando que la extensión del accidente fue muy superior a la prevista en los estudios de seguridad», mientras que el PSC propone reglamentar protocolos de actuación «en centros deportivos y actividades extraescolares». Los Comuns piden «garantizar el control de la renovación de los planes de Protecció Civil». Finalmente, la CUP quiere que Inspecció de Treball «haga campañas permanentes cada seis meses para analizar si se cumple la normativa de riesgos laborales». Las cartas, pues, ya están sobre la mesa. Alea jacta est para la futura Legislación Iqoxe.