Iqoxe: Un año, muchas dudas y pocas certezas

Este jueves se cumple justo un año de la explosión en la planta de Iqoxe, en el polígono químico sur, que acabó con la vida de tres personas: dos trabajadores de la compañía de La Canonja y otra que se encontraba en su vivienda del barrio de Torreforta –a 2,5 kilómetros de distancia– y que recibió el impacto de una chapa de hierro, posiblemente la tapa del reactor R3131 que estalló a las 18.40 horas, de 1,22 metros de ancho, 1,65 de largo y tres centímetros de espesor.

Han pasado 366 días –2020 fue bisiesto– y el caso aún genera muchas más preguntas que respuestas, pese a que la empresa defiende «haber actuado correctamente», según indicó recientemente al Diari el portavoz de la compañía, Javier Fontcuberta. Doce meses después del suceso, sin embargo, no se conoce aún qué es lo que provocó el estallido ni el motivo ni el responsable de la mayor tragedia de los úlimos años, que ha supuesto un punto de inflexión en la percepción de seguridad que se tiene del mayor polígono petroquímico del sur de Europa.

Dos informes con diferencias

Hasta la fecha, dos son los informes que se han puesto sobre la mesa para intentar arrojar un poco de luz sobre lo sucedido. Uno, de la empresa nórdica DNV encargado por el Departament d’Empresa de la Generalitat; y otro del Institut Químic de Sarrià (ICS), solicitado por parte de la compañía. Ambos trabajos coinciden en el hecho de que la causa fue la explosión del reactor, si bien discrepan en algunos puntos. El primero es sobre cuál fue el material que estalló. Según DNV, fue la materia prima –el óxido de etileno–, mientras que el IQS cree que fue la descomposición del producto que se fabricaba, el MPG500.

Ambos informes tampoco están de acuerdo en cuál fue la causa del desastre. Así, el documento encargado por el Govern considera que el óxido de etileno explotó por una disfunción en la presión del nitrógeno, lo que originó una «descomposición térmica del óxido de etileno por una formación de mezcla descomponible de óxido de etileno, junto a la creación de un punto caliente en el sistema de reactores». Por algún motivo se desequilibró el porcentaje de óxido de etileno y de nitrógeno en el depósito, creando «una formación de la mezcla descomponible de óxido de etileno», de forma que el óxido de etileno pasó a ser más del 50%, un hecho que junto a «la existencia de un punto caliente» provocó el estallido, al superar los 450 grados. Por su parte, el IQS considera que la explosión se debió a una «descomposición violenta» del MPG500, y descarta la opción del óxido de etileno.

A juicio de DNV, la incidencia en la presión del nitrógeno podría ser por «un fallo en el control de la presión del hidrógeno», o bien «una fuga externa» que «habría dejado ir una mezcla de nitrógeno y óxido de etileno, pero que sería reemplazada solo por óxido de etileno». Ello, junto a la existencia de un punto caliente producido por un pequeño incendio en la pared del reactor habría causado la explosión. Por contra, el IQS achaca el accidente a una «incidencia grave» en la refrigeración del producto fabricado, e indica que otro de los factores fue que la fabricación del día fue un 20% inferior a lo habitual, de forma que se pasó de las 25 toneladas a 20,5. Esto provocó que hubiera menos líquido, y que el eyector pequeño del reactor no pudiera tener contacto con el producto, lo que «originó un recalentamiento» que provocó «la descomposición» del MPG500, que explotó rápido.

Más medidas de seguridad

Parlalelamente, el Parlament ha llevado a cabo una comisión de estudio, cuyas conclusiones prevén un paquete de medidas de seguridad a desarrollar en los próximos años. Así, las formaciones del Parc de la Ciutadella optan por cambiar la normativa vigente y obligar a las empresas a «disponer de salas de control bunkerizadas en cada planta» para «proteger a los trabajadores», según se indica en el documento aprobado por la cámara legislativa el pasado 15 de diciembre. En el texto se apuesta por exigir a las compañías a «disponer de un registro remoto, con sistemas de copias de seguridad», y por la presencia de cajas negras «equivalentes a las de los aviones», así como «incentivar a las empresas para que creen centros de control externos a las plantas de producción».

Además, el nuevo Plaseqta preveía destinar 1,4 millones de euros en sensores perimetrales en el polígono petroquímico. Pese a ello, el conseller de l’Interior, Miquel Sàmper (Junts), reconoció que el Govern «no tiene dinero» para asumir la inversión. Esta indecisión del Govern, en plena pandemia y pocos meses después de la peor tragedia industrial que se recuerda en la ciudad, genera aún más dudas sobre la gestión de futuro del riesgo químico. Un año después, hay demasiadas dudas y muy pocas certezas.