Ivana Martínez y Begoña Floria no declararán por el Caso Budellera

El juez sólo acepta que testifiquen dos socios del Despatx Milà y el secretario municipal

04 enero 2019 10:03 | Actualizado a 06 enero 2019 11:04
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El Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del plan urbanístico de la Budellera –el PP24–, ha denegado la totalidad de diligencias pedidas por la acusación particular –la CUP– así como también rechaza la petición que declaren una serie de testigos –entre ellos las concejalas Ivana Martínez y Begoña Floría–. Tras el recurso de apelación presentado por dicho partido, la Audiencia Provincial sólo ha estimado pertinente que testifiquen dos socios del Despatx Milà –donde el actual concejal Josep Maria Milà participó en varias fases del proyecto urbanístico antes de entrar en el Ayuntamiento– y el secretario municipal Joan Anton Font. 

La acusación particular, tanto en la querella inicial como en un escrito remitido al Juzgado el 5 de abril del año pasado, solicitaba que se realizaran una serie de diligencias. Entre ellas había que el concejal aportara toda la documentación que acredite desde cuándo no está vinculado al Despatx Milà, la forma en que se ha perfeccionado esta desvinculación así como el importe satisfecho en la operación. También se solicitaba que el Ayuntamiento informara sobre las personas que han trabajado en el Departament d’Urbanisme y la oficina de proyectos, con descripción de la categoría, trabajos que desarrollaban y el proceso a través del cual adquirieron un puesto de trabajo.

Informes solicitados

El escrito también pedía diversos informes sobre la Junta de Compensació del PP24, del Jurat d’Expropiació Forçosa o del propio Despatx Milà. También se solicitaba la declaración como testigos del personal del Departament d’Urbanisme del Ayuntamiento, de la Oficina de Proyectos, de cinco personas del Despatx Milà, de socios y empleados del constructor José Luis García –promotor del proyecto urbanístico– y del secretario municipal.

En su día, el magistrado sí acepto la declaración del hijo de Milà –y miembro del despacho–. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial admite ahora la declaración de dos socios del despacho de arquitectos ya que en el auto de incoación  de diligencias se había acordado requerir a dicho despacho «para que informase sobre los socios que lo conforman, a fin de que pudieran ser citados en calidad de testigos para determinar el alcance de la vinculación del Sr. Milà y el despacho».

A raíz de las conclusiones expuestas por la defensa de Milà, se considera necesario que declare el secretario municipal para que aclare extremos acerca de la asistencia y abstención del Sr. Milà en las Juntes de Govern Local en la que se trató temas relacionados con el expediente de la Budellera. 

Los magistrados de la Audiencia entienden que algunas de las diligencias solicitadas por la CUP facilitarían a los denunciantes «un conocimiento privilegiado y no justificado de la actividad general del Ayuntamiento de Tarragona, obteniendo datos e información reservada, incluso, insistimos, de personas ajenas a la investigación de la presente causa, que en modo alguno aparece justificado y que en todo caso resulta claramente innecesario para valorar los hechos concretos denunciados».

La querella

Los hechos investigados tienen su origen en la tramitación del plan parcial, que fue encomendada por la Junta de Compensació –siendo el representante el promotor José Luis García– al despacho del querellado Josep Maria Milà, quien había sido arquitecto de profesión, habiendo intervenido posteriormente en la tramitación del expediente administrativo, pese a recaer sobre él una aparente causa de abstención. Y ello porque se trataba de un proyecto en el que había participado profesionalmente como arquitecto, siendo además que después el plan se habría encargado al despacho en el que se encuentra strabajando u hijo y otros dos socios más.

También se denunciaba la posible existencia de un tráfico de influencias por parte de José Luis García –también investigado– para la obtención de resoluciones favorables a sus intereses urbanísticos a través del concejal. 

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