Josep M. Tamarit: «Hay que derogar el delito de sedición»

Josep Maria Tamarit es, desde 1999, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Lleida y desde 2010 catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya y director del programa de Criminología. 

¿Cómo valora la sentencia?
En primer lugar, hay que decir que es un grave error llevar a los tribunales un conflicto político. Complica las cosas y se echa leña al fuego. La condena por rebelión era inviable, pero aun así el Supremo ha impuesto unas penas muy duras por sedición.

Las defensas ya han anunciado que recurrirán a Europa. 
En un primer momento, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y, una vez resuelto, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero será un proceso largo y no se sabe cómo acabará.

¿Y mientras tanto?
Habrá que plantear algún tipo de salida. Se ha hablado de indulto o amnistía, pero hay otra, que es la reforma del Código Penal. Sería mucho más factible y correcta.

«La gente no debería hacerse ilusiones de que el acceso al tercer grado sea rápida, pero la medida contribuiría a aflojar la tensión»

¿Reforma en qué sentido?
Derogar el delito de sedición. No existe en la mayor parte de países europeos. Sería una manera de reducir el conflicto. Podría beneficiar a los presos con carácter retroactivo y que se les rebajasen las penas.

Ese camino es muy poco probable políticamente. Ni PP ni Ciudadanos y menos Vox estarían por la labor. Y el PSOE no se atrevería.
Yo le hablaba de una salida desde el punto de vista legal. El delito de sedición, fruto de un pasado autoritario, no se podría aplicar nunca más. Es una cuestión viable legalmente, pero efectivamente es una decisión política. Todo es política. 

¿Cree factible que los presos puedan accede al tercer grado, es decir, que tengan beneficios penitenciarios como ir solo a la prisión a dormir?
El Tribunal Supremo no ha puesto límites a su aplicación. Legalmente sería posible, pero puede recurrirse y la decisión final sería del propio Supremo. 

¿Lo cree factible?
La gente no se debería hacer ilusiones de que el acceso al tercer grado sea rápido, pero sería una medida que contribuiría a aflojar la tensión.
 

Aquí vuelve a influir la política. La decisión primera sería de la Generalitat y si la aplicase habría durísimas críticas.
Habría presión política de mucha gente que piensa que aplicar el tercer grado es un privilegio, vaciar de contenido la condena. No es así. El tercer grado está previsto en la ley y se aplica desde hace años a muchos presos de forma individualizada. 

¿Sería posible una amnistía?
La amnistía no está prevista en la Constitución, pero tampoco está prohibida. El Parlamento podría aplicarla. Lo que está prohibido es que el Gobierno aplique un indulto general. 

¿Y el indulto?
Es una concesión discrecional del Gobierno. Tiene que ser individualizado. Puede poner las condiciones que quiera: reparar el daño, pedir perdón, vincularlo a algún tipo de negociación...

¿Hay algún tipo de paralelismo con el caso de los exdirigentes socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera? Fueron condenados a 10 años por su supuesta relación con los GAL pero solo pasaron en prisión tres meses y 13 días gracias a un indulto de José María Aznar (PP).
Jurídicamente son delitos diferentes, pero sí que se puede valorar que hay un trato desigual y que en España, lamentablemente, hay una opinión más favorable a que se pueda indultar por delitos relacionados con el terrorismo que a los que no han implicado violencia.

¿Hay alguna justificación legal para esa diferencia de trato?
Ninguna. La Ley del Indulto no excluye ningún tipo de delito. Es a criterio del Gobierno.

Indultos, amnistía, judicialización, tercer grado... ¿La política ha pasado la pelota a  la Justicia?
Desde luego. Y ahora sufrimos las consecuencias. Irán para largo. No soy nada optimista de cara al futuro.