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Junts, Comuns, PSC y Cs se suman a la UGT para pedir la dimisión de Peris

Denuncian que es «inaceptable» que el delegado del Govern no participara en el pleno de ayer sobre Iqoxe

O.Saumell/ACN

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Imagen del pleno monográfico de ayer, que se alargó por espacio de más de cuatro horas. FOTO: DT

Imagen del pleno monográfico de ayer, que se alargó por espacio de más de cuatro horas. FOTO: DT

Junts per Tarragona y En Comú Podem –junto al PSC y Ciutadans– se suman al sindicato UGT y también piden la dimisión del delegado del Govern en el Camp de Tarragona, Òscar Peris (ERC), por su ausencia en el pleno monográfico municipal de ayer sobre la seguridad química y el accidente de Iqoxe del 14 de enero de 2020 que acabó con la vida de tres personas. El máximo representante de la Generalitat en la demarcación rechazó tomar parte de la sesión de ayer, en la que participaron 14 invitados de entidades sociales, cívicas, medioambientales, patronales y la URV, y que se alargó por espacio de cuatro horas y media.

El plante del director del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta) fue el gran protagonista de la sesión, y fue motivo de crítica general. «Lamentamos su ausencia. Si los consellers participaron en la comisión del Parlament, la Delegació del Govern también debería estar hoy aquí», afirmó el portavoz de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, quien recalcó que «quien renuncia a comparecer en un tema como este también debería renunciar a la representación del territorio y de su cargo».

De manera parecida se expresó Carla Aguilar (Comuns), socia de gobierno de ERC en la Plaça de la Font. «Solicitamos explicaciones sobre su ausencia y pedimos su dimisión. El accidente de Iqoxe puso de relieve graves déficits de la seguridad petroquímica y reiteramos que esperamos respuestas a las preguntas que le hicimos llegar», afirmó la también primera teniente de alcalde, quien calificó la ausencia como de «inaceptable».

Desde el PSC, Sandra Ramos, también pide el cese o la renuncia del delegado de Esquerra Republicana, que aún no sabe si seguirá en el cargo cuando se conforme en nuevo Govern de la Generalitat. «Su ausencia le inhabilita para seguir en el cargo», afirmó la política socialista, quien también criticó «la falta de liderazgo» del alcalde Ricomà. «No es capaz ni de convencer a su compañero de su partido para que venga a defender el papel de la administración pública. ¿Será que tiene mucho que esconder y poco a explicar?», se preguntó.

Por su parte, Francisco Domínguez (Cs) recordó en su intervención que «la UGT pide la dimisión de Peris, y no nos extraña. Nos sumamos a su petición», mientras que Eva Miguel (CUP) sospecha que la no presencia del responsable del ejecutivo autonómico «confirma la impunidad y la opacidad que hay en torno a la industria química». En la sesión de ayer no tomó parte el PP, que rechazó participar en el pleno monográfico ante la ausencia del representante de la Generalitat.

«Diálogo abierto»

Paralelamente, el delegado excusó su ausencia en una carta que envió al alcalde, Pau Ricomà (ERC). Según indicó Tarragona Ràdio, el representante del Govern asegura que «hemos hablado y hablaremos con quien sea necesario, sea el Ayuntamiento de Tarragona u otro consistorio o entidad», y reitera su «compromiso» a «recoger y contestar todos las inquietudes de la ciudadanía en todo lo relacionado con la industria química».

Asimismo, Peris recalca que todo este proceso de diálogo «ya se ha llevado a cabo durante los últimos meses en los foros que toca», como son «la Comissió d’Estudi de Seguretat del Sector Químic del Parlament; la Taula d’Avaluació i Seguiment de l’Accident d’Iqoxe; y el Grup de Treball del Plaseqta». Finalmente, Peris detalla en la carta que «seguimos a disposición del alcalde para que nos traslade las inquietudes expuestas por los diferentes interlocutores» y «consensuar los espacios y los foros de trabajo para dar una respuesta».

«Sin cambio de paradigma»

Paralelamente, las entidades dieron ayer su punto de vista sobre la seguridad en la química. La intervención más contundente fue la del responsable de la junta de seguridad de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), Justo Velilla, quien cargó contra los partidos. «Cuando leí las preguntas que nos han dirigido pensé que se ríen de nosotros. Cada vez que nos sentamos con ustedes nos dicen lo mismo», espetó. A los dirigentes de Iqoxe les criticó que «no han hecho nada, no han invertido en nada. Han dado dinero a las familias condenadas a recordar para siempre el 14 de enero porque les obliga la ley. Lo mínimo sería que pidieran perdón», afirmó.

La otra representante vecinal de la sesión fue Loli Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bonavista, quien recordó el «caos por la desinformación y la desatención» que vivieron el día del siniestro en Iqoxe. Gutiérrez cargó contra las administraciones, «que han puesto el foco en la empresa y han evitado sus responsabilidades». Con todo, apuntó que la compañía «ha cumplido» con los vecinos de Bonavista por haberse hecho cargo de los desperfectos causados a los inmuebles. Y cuestionó: «¿Qué pasaría si ahora volviera a pasar? Prácticamente lo mismo», lamentó para referirse a las «escasas» cosas que han cambiado desde entonces.

En una línea similar se expresaron los sindicatos. Desde la UGT, Moisés Fortuny aseguró que «en contra de lo que se afirma desde muchos ámbitos, no ha habido un cambio de paradigma» a raíz de la trágica explosión de hace 438 días. «Hay que legislar. Las industrias dan riqueza pero hay que asegurar que sean seguras», apuntó. También reclamó más coordinación entre las empresas en situaciones de emergencias: «No puede ser que Iqoxe esté en alarma y las de al lado no tengan información y continúen produciendo con normalidad», apuntó. Para el secretario general de industria de CCOO Industria en Tarragona, José Martín, la «tendencia es preocupante» del polígono, con cinco trabajadores muertos en poco más de un año. Además, indicó que «la seguridad es vital para la continuidad de la industria química».

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María José Figueras, destacó el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de la industria química y se ofreció para impartir formaciones a la ciudadanía, así como también para crear un master «que sea referente internacional» en seguridad industrial. La rectora también puso sobre la mesa la posibilidad de organizar un congreso sobre diferentes aspectos vinculados a la química y la seguridad, «en el que se puedan exponer las diferentes investigaciones que se llevan a cabo desde la universidad en estos ámbitos». La propuesta fue bien recibida por los asistentes.

Más seguridad

La calidad del aire fue otro de los aspectos que más se trataron, especialmente por parte de las entidades ecologistas. El presidente del Gepec, Xavier Jiménez, afirmó que la nube que se creó a raíz de la explosión en Iqoxe «fue tóxico», contrariamente a lo que ha asegurado siempre la administración. También lamentó que actualmente la compañía «tiene los mismos requerimientos de seguridad que el día del accidente».

Por su parte, Adrià Pallejà, de la Plataforma Cel Net, defendió que «no hay datos para afirmar que la calidad del aire es buena, tal como apuntan el departamento de Territorio y las químicas. «La Xarxa de la Qualitat de l’Aire de la Generalitat está obsoleta» sostuvo, y remarcó la importancia de hacer estudios «independientes». También tachó de «fracaso absoluto de la administración» la Taula de la Qualitat de l’Aire impulsada por la Generalitat. Sin embargo, Emilio Palomares –del Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)– defendió la seguridad en las empresas químicas e indicó que «son las primeras que no quieren accidentes». De todos modos, reconoció que hay aspectos «mejorables», como «soterrar los almacenes de óxido de etileno».

Finalmente, Juan Pedro Díaz, gerente de la AEQT, recordó que el sector es un «motor económico, con 11.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y hasta 35.000 de inducidos». También recordó que en el Pla Estratègic 2021-2023 está previsto «poner en marcha un sistema conjunto de mejora continua de la seguridad, que establezca unos estándares comunes a todas las asociadas, que irán más allá de lo que marca la normativa, y que será certificable y auditado externamente».

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