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Las siete chicas condenadas por el Juzgado de Menores de Tarragona a ocho fines de semana de localización permanente en sus respectivos domicilios por haber hecho bullying durante tiempo a una compañera de clase tendrán que cumplir finalmente la medida impuesta. La Audiencia Provincial de Tarragona ha rechazado los dos recursos de apelación presentados por los abogados defensores. En cambio, la Sección Segunda sí estima la reclamación por la responsabilidad civil, que el juez de menores había estimado en 12.02o euros y que finalmente ha sido fijada en 5.010, que era la petición que en su día realizó la Fiscalía.
La sentencia considera probado que actuaron de común acuerdo y con evidente ánimo de menospreciar, humillar y menoscabar la integridad moral de (...), de 13 años». Para ello, durante el curso 2012-2013 y también parte del 2014 vinieron acosando a la víctima de forma habitual con expresiones como «gorda», «ano», «desgraciada», «superdotada», siempre en tono despectivo. También amenazaron con matarla, tanto a ella como a su madre.
Mensaje en la pizarra
El 14 de octubre de 2014, una de las acusadas escribió en la pizarra del aula la palabra «ano». Como ello molestó a la víctima, la agresora le tiró del cabello, la cogió del cuello y la empujó, cayendo al suelo y causándole una contractura cervical. En otra ocasión, hallándose otra acusada en el polideportivo, le propinó una bofetada a la víctima, que sufre epilepsia desde los diez años.
Para el magistrado, el trato denigrante físico y psicológico ejercido por las acusadas «ha ido menoscabando su integridad psicológica y moral hasta el punto de agravar el estado de salud de la víctima, presentando una sintomatología ansioso-depresiva y gesto autolítico, precisando su ingreso en el hospital por su grave repercusión emocional, presentando tristeza, irritabilidad, ira, miedo, apatía, bulimia, aislamiento y absentismo escolar», entre otras patologías. Dicha situación persiste en la actualidad, subraya el magistrado, «siendo diagnosticado todo ello como trastorno de estrés post-traumático» por el hospital en fecha 15 de enero de 2014.
Según la estimación del médico forense en su informe del 20 de mayo del año pasado, el tiempo de curación o estabilización del mencionado trastorno es de 167 días. Por otro lado, señala la sentencia, el 8 de mayo de 2014, al tener conocimiento de la denuncia interpuesta por la víctima, una de las acusadas la amenazó con colgarla de un balcón y matarla. De las siete acusadas, sólo una sigue en el mismo instituto, mientras que las otras estudian algún ciclo formativo.
La apelación
En la sentencia de apelación, los magistrados de la Audiencia aseguran que la declaración de la víctima presenta «ciertos déficits en su ejecución». Por un lado porque el interrogatorio del fiscal no fue ajeno a toda sugestividad. Sin embargo, entienden que la declarante es menor de edad y con su inabordabilidad y sus lacónicas respuestas «hacían prácticamente imposible la obtención de todo rendimiento probatorio». La declaración de la víctima viene avalada por la situación anímica de la misma claramente descrita por su madre e incluso por miembros del centro escolar.
