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El grupo municipal de la CUP ha presentado una querella contra el concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà, y también contra el constructor y promotor, José Luis Garcia, por su vinculación con la tramitación del plan de la Budallera. La formación anticapitalista acusa a los dos querellados de un delito de prevaricación, de tráfico de influencias y también de un delito contra la ordenación del territorio. El Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ha citado a declarar al concejal y al constructor el próximo 4 de abril como investigados.
Montserrat Aumatell, abogada de la CUP, ha querido dejar claro hoy en rueda de prensa que la querella presentada no trata, en ningún caso, sobre el contenido del plan de la Budallera, «sino sobre el procedimiento que se ha llevado a cabo para su tramitación». Según la CUP, el despacho de arquitectos de Josep Maria Milà redactó parte del proyecto de la Budallera, «por lo tanto debería de haberse abstenido durante toda la tramitación, desde el momento que es cargo público», asegura la portavoz de la CUP, Laia Estrada.
Debemos remontar hasta el 22 de diciembre de 2016, cuando se celebró una junta de gobierno municipal y se votó, por primera vez, la aprobación inicial del plan de la Budallera. Milà votó y, desde el Ayuntamiento, pocos días después, reconocieron que había sido un error. Desde entonces, el concejal de Urbanismo no participa en ningún debate ni decisión sobre este proyecto y pasó sus poderes a la concejal Ivana Martínez.
Aún sí, la formación anticapitalista quiere llegar hasta el final del asunto. «Cuando una persona entra como concejal en un Ayuntamiento debe presentar un documento que muestre las incompatibilidades. Milà dijo, en su momento, que no tenía ninguna», explica la abogada de la CUP, quien añade que «la relación entre Milà y el constructor José Luis Garcia no es nueva. Han colaborado en otros proyectos, como por ejemplo el de Terres Cavades».
Un verkami
La CUP ya ha pagado la fianza de 2.000 euros que el juez pidió a la formación para tirar adelante con la investigación. El grupo municipal no descarta poner en marcha un verkami para poder hacer frente a los costes judiciales. «No es ninguna venganza. Se trata de llevar a cabo nuestro programa electoral y de velar por los intereses comunes», asegura Estrada.
