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La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) votará a favor de la investidura de Pau Ricomà (ERC) el próximo 15 de junio si Esquerra acepta las cinco condiciones sine qua non que los anticapitalistas pondrán en breve sobre la mesa. Así lo aseguró ayer la alcaldable cupaire, Laia Estrada, después de la asamblea de militantes que el partido llevó a cabo el pasado martes por la tarde para estudiar la situación en la que se encuentra el pleno municipal tras las elecciones municipales del pasado domingo.
Pese a que ERC y CUP aún no han mantenido ninguna reunión formal para iniciar las negociaciones, ayer los cupaires hicieron públicas sus exigencias para dar el «Sí» a Esquerra y forzar, de esta manera, el cambio de alcalde y enviar a Josep Fèlix Ballesteros (PSC) a la oposición tras 12 años como líder municipal. Cabe destacar que los cinco puntos son cuestiones que, a lo largo del último mandato municipal, ambos partidos han votado conjuntamente en el Saló de Plens, presentando en algún caso mociones conjuntas. Estos temas también han sido defendidos por las dos formaciones durante la pasada campaña electoral, por lo que no se espera que sean ningún obstáculo para la investidura. De hecho, ayer Pau Ricomà tuiteó que, en relación a estas promesas, «haré lo que he dicho que haría, como es mi costumbre».
A vueltas con la Budellera
La primera exigencia se centra «en la modificación del POUM» para «preservar la Anella Verda y derogar definitivamente el proyecto de la Budellera», según indicó Estrada. Precisamente, éste será uno de los puntos de conflicto con otro actor de las negociaciones, Junts per Tarragona, que durante la reciente campaña electoral ha defendido el plan de crecimiento de la ciudad por Llevant. Pese a ello, el portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Albert Batet, publicó un tuit en el que expresó que «estamos trabajando para que el máximo de ayuntamientos tengan un alcalde independentista».
Otra petición es la de llevar a cabo un estudio sobre la calidad del aire, que deberá ser «independiente» y centrarse en el polígono sur. Los cupaires también exigen a Ricomà que se impulse un análisis para «internalizar servicios públicos que están externalizados», centrándose especialmente en el contrato de la basura, cuya concesión a FCC finaliza en febrero de 2023. Los cupaires llevaron este caso ante la Fiscalía en 2013, que finalmente archivó la denuncia.
Otro de los frentes irrenunciables es el de los pisos vacíos de la ciudad, que Estrada pide que sea motivo de un censo para «garantizar la función social de la vivienda». Durante los últimos días los cupaires han resaltado que, en la actualidad, hay 15.000 en el término municipal. Asimismo, la CUP exige una apuesta decidida por los presupuestos participativos, donde se considera necesaria una partida mínima del 1% del presupuesto, lo que sería entre 1,5 y 2 millones de euros al año.
¿Pacto a partir del 15J?
Asimismo, la CUP no descarta formar parte del gobierno municipal el próximo mandato, si bien se trata de una posibilidad que no se pondrá sobre la mesa hasta después del 15 de junio, en caso de que Pau Ricomà (ERC) pueda ser investido como alcalde. «Sobre ello será necesario confrontar los diferentes proyectos políticos para valorar si puede haber un entendimiento real», afirmó Estrada, quien detalló que esto «pasará ya por una negociación con las cuatro partes –incluidas JxTGN y Comuns–». Además, aquí la CUP ya exigiría quitar el cuadro del Rey Felipe VI del Saló de Plens y una reducción general de sueldos.
