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La CUP de Tarragona presenta alegaciones contra el proyecto de Santagadea para los Juegos

Cuestionan las cantidades y el plazo de 40 años de la concesión

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Imagen de ayer de las excavadoras trabajando en el futuro Anillo Mediterráneo de Ponent. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Imagen de ayer de las excavadoras trabajando en el futuro Anillo Mediterráneo de Ponent. FOTO: LLUÍS MILIÁN

La CUPpresentó ayer en rueda de prensa las alegaciones que ha interpuesto contra el proyecto ofrecido por la empresa Santagadea Gestión SL para el Anillo Mediterráneo de los Juegos de 2017. El grupo municipal de la CUPpresentó el pasado viernes en el registro municipal el pliego de las alegaciones a un proyecto que, según aseguran los anticapitalistas, es «una de nuestras maneras de mostrar disconformidad y evidenciar los puntos más descarados». Esta oferta, que tachan de «despropósito» y de «contraria a los intereses de la ciudadanía», tiene varios puntos que han querido poner de relieve con sus alegaciones.

Aunque la concejal Laia Estrada asume que las alegaciones no detendrán el procedimiento, «es necesario rebatir los argumentos que se han ido desprendiendo desde el gobierno municipal a favor de esta gestión privada y dar a conocer a la población el contenido de la propuesta».

Estrada y su compañero de grupo, Jordi Martí, explicaron los seis bloques en que están distribuidos los 24 puntos que conforman el documento. Se trata de «la falta de fundamento legal» para situar el plazo concesional en 40 años; la desaparición de la ganancia operacional (que caracteriza todas las concesiones) vía el canon anual de 2,5 millones de euros; la «inviabilidad económica» de una propuesta que contempla como principal cliente de dos de las instalaciones (la ciudad del fútbol y la residencia de deportistas) al Nàstic, «que no ha manifestado el menor interés»; la posibilidad de modificar las tarifas y las indemnizaciones derivadas; las consecuencias para el conjunto de políticas públicas derivadas de tener que pagar anualmente durante 40 años 2,5 millones; y las implicaciones de carácter social que tendría un proyecto «que tiene como objetivo el lucro».

Los ediles cupaires también apuntaron que la concesión de un canon anual de 2,5 millones de euros durante un plazo prolongado de tiempo «hace evidente» que se condicionará la política municipal, porque hipoteca el futuro de la ciudad, que contará con menos dinero para hacer actuaciones en el ámbito deportivo y en cualquier otro.

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