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La CUP pide 13 años de prisión para Josep Fèlix Ballesteros por el caso Inipro

Ha presentado el escrito de acusación antes de que el Juzgado de Instrucción y la Audiencia resuelvan los recursos de reforma y apelación presentados por los abogados defensores

Àngel Juanpere

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El alcalde Ballesteros cuando fue a declarar ante el juez instructor.  FOTO: pere ferré/DT

El alcalde Ballesteros cuando fue a declarar ante el juez instructor. FOTO: pere ferré/DT

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que está personada en la caso Inipro como acusación popular, ha presentado ya el escrito de conclusiones provisionales contra los quince investigados. Y lo hace antes de que tanto el Juzgado de Instrucción como la Audiencia Provincial resuelvan los recursos de reforma y de apelación presentados por los abogados defensores.

El alcalde Josep Fèlix Ballesteros es el que sale peor parado ya que le piden 13 años de prisión y más de 60 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Lo consideran autor de los ocho delitos que figuran en el auto apertura de procedimiento abreviado: alteraciones de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso el Diari, consta de unos 15 folios. En el relato de los hechos que supuestamente se produjeron no desmenuza la presunta participación de cada uno de los investigados en los correspondientes delitos. Primero realiza una descripción objetiva de cómo fueron los pasos previos y siguientes a la adjudicación del concurso a la empresa Inipro y después comenta cómo se supone que debieron ocurrir los hechos en general.

Los orígenes

Recuerda el escrito que el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) es un organismo autónomo del Ayuntamiento creado hace 25 años para efectuar prestaciones sociales a la población. En él trabajan 120 personas y puede realizar contratos, formalizar convenios o adjudicar contratos. En el momento de los hechos la presidenta delegada era la concejal Victòria Pelegrín.

Al frente del IMSST se encuentra un director-gerente, que era Antonio Muñoz. Tenía tres áreas. Al frente de la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania se encontraba Enriqueta Aznar. «A pesar de la existencia de una plantilla de trabajadores (...) y de una unidad específica dedicada a temas de inmigración» se acordó iniciar un nuevo programa destinado a la potenciación del asociacionismo de la población recién llegada y la contratación de una empresa externa para hacerlo. «Contrato que, en realidad, encubría una prestación de servicios a favor del Partit Socialista de Catalunya».

En la parte final del escrito es donde el abogado de la acusación popular relata cómo se produjeron los delitos, sxegún él. Una vez efectuada la contratación de Inipro «se ha podido constatar que la contratación de diversos trabajadores no correspondía a una finalidad a desarrollar relacionada directamente con el objeto del contrato –el desarrollo del asociacionismo entre los recién llegados– sino que, en realidad, el beneficio de las actividades se encontraba directamente relacionado con la actividad llevada a cabo por el Partit Socialista de Tarragona y el rédito personal del Sr. Ballesteros».

Y confabula sobre cómo se originó todo: «El total de esta maquinación se desarrolló por un acuerdo previo entre los acusados Josep Fèlix Ballesteros, Begoña Floria y Gustavo Cuadrado, con la ayuda del difunto Ricard Campás, responsable de Inipro».

Según el letrado de la CUP, el ordenador que utilizaba Antonio Muñoz permitió acceder a los correos electrónicos enviados y recibidos por cada una de las partes investigadas en este procedimiento.

«Tal intervención ha permitido reafirmar el carácter fraudulento de la contratación, la voluntad de simular la prestación del servicio, la vinculación existente entre el ente municipal y la empresa adjudicataria y, finalmente, la existencia de indicios en relación al trabajo desarrollado realmente por las personas contratadas y la implicación del jefe del gabinete del alcalde de Tarragona», además de la concejala Floria.

«Todas las actuaciones practicadas –señala el escrito– conducen a la conclusión de que mediante una adjudicación irregular prorrogada sin base legal, se procedió a abonar una cantidad ingente de dinero para favorecer a una empresa determinada y una actividad que nada tenía que ver con la finalidad establecida en el contrato».

Los recursos

Los recursos de reforma presentados por los abogados defensores tienen que ser vistos por la juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 1 ya que su titular se marchó destinado a Barcelona. Por su parte, los de apelación están sobre la mesa de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona.

Si los magistrados resuelven que se tienen que eliminar algunos de los delitos que se imputan, el escrito de acusación de la CUP quedará desfasado.
El juicio por este caso llegará a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en una fecha por determinar.

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