La Cepta despide a la mitad de la plantilla por su grave crisis económica

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta) despidió la pasada semana a la mitad de su plantilla. Según ha podido saber el Diari, la patronal del sector económico de la demarcación comunicó el miércoles día 18 la rescisión del contrato a siete de sus 14 empleados, justificando la decisión en la mala situación financiera por la que pasa la entidad desde hace años, y que le ha llevado a tener unas pérdidas de 200.000 euros en 2017, según las fuentes consultadas por este periódico.

Asimismo, los responsables de la propia entidad señalan que las perspectivas para este 2018 «son claramente negativas», un hecho que ha llevado a la Cepta a «ajustar la plantilla a las circunstancias actuales» y quedarse con solo siete personas con contrato. Cabe destacar que la mayoría de los profesores de los cursos de formación no están contratados directamente por la Cepta. 

En concreto, el recorte de personal que ha ejecutado la entidad presidida por Joan Antoni Belmonte se ha centrado en cinco empleados de la actividad de Formació, así como en otros dos del departamento de Serveis que llevaban entre 15 y 28 años trabajando en la confederación fundada en 1977. 

La patronal tuvo en 2017 unos resultados negativos de más de 200.000 euros

En la actualidad, la patronal tarraconense –que forma parte de Foment del Treball– tiene a unos 300 asociados que representan a unas 20.000 empresas de las diez comarcas tarraconenses, si bien desde la propia entidad se indica que, durante los últimos años, el número de asociados «se ha estancado con una tendencia a la baja». En este sentido, remarcan que las venta de servicios a las empresas también se ha reducido, un hecho que «complica mucho la actividad que se puede ofrecer». 

Una larga agonía
Lo cierto es que la patronal empresarial lleva ya tiempo arrastrando graves problemas económicos, cerrando los últimos ejercicios con pérdidas, según remarcan las mismas fuentes.

Pese a ello, antes de reducir su masa salarial, la dirección de la Cepta había llevado a cabo varias acciones para retrasar la drástica medida, que «no ha dado el resultado que se esperaba» según afirman fuentes del comité ejecutivo. 

A nivel productivo, en noviembre de 2016 se presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que inicialmente debía afectar a ocho trabajadores durante 12 meses, pero que al final se aplicó a siete empleados. «La empresa ha intentado reconducir la situación con el ERE, pero aún existe un exceso de personal evidente por el volumen de trabajo actual, que es muy inferior al de años anteriores como se demuestra en la reducción de la facturación» afirman las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico. 

300. Asociados son los que tiene la confederación en la actualidad, que representan a unas 20.000 empresas de la demarcación. 

Por lo que se refiere a otro tipo de medidas, la confederación realizó un primer recorte de gastos hace tres años, cerrando el centro de trabajo que tenía en Reus, concentrando a todos sus 15 trabajadores que tenía en ese momento entre los dos espacios con los que cuenta en la ciudad de Tarragona: uno está en la Avinguda Roma y el otro en la Rambla Nova. 

El pasado mes de enero, la entidad ejecutó una nueva fase de este plan de contención del gasto, clausurando la actividad de las plantas que la patronal tiene en la Avinguda Roma, centralizando toda su actividad en el emplazamiento situado en la Rambla Nova. En este sentido, desde entonces la patronal tiene en venta y alquiler las dos plantas y el salón de actos que mantiene en propiedad en la Avinguda Roma desde 1997 «para lograr ingresos urgentes» según afirman las fuentes consultadas por el Diari, las cuales consideran que, en breve, la entidad deberá reorientar su actividad de cara al futuro para garantizar su viabilidad económica. 

"Las administraciones nos deben 700.000 euros"

El presidente de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, Josep Antoni Belmonte, lamentó ayer en declaraciones al Diari los siete despidos comunicados la pasada semana.

«A nadie le gusta tener que tomar este tipo de decisiones, pero las administraciones públicas nos deben mucho dinero y el comité ejecutivo se ha visto obligado a tomar medidas para garantizar la viabilidad de la entidad» manifestó el máximo responsable de la patronal. Asimismo, Belmonte critica que «no cobramos nada por parte de las instituciones desde abril de 2017, que nos deben 700.000 euros. Hace años que tenemos que avanzar dinero sin tener ningún ingreso a cambio. La situación es insostenible. A partir de ahora haremos únicamente acciones que tengan un retorno económico» aseguró Belmonte, visiblemente contrariado.