La lucha antiCovid dispara el empleo público en Tarragona

Más vigilancia y seguridad en Joan XXIII, desinfección en dependencias de la Generalitat, servicios de limpieza en la comisaría de Tarragona, control de accesos en residencias o refuerzo en la lavandería de hospitales contra la ropa infecciosa. Y más: técnico ingeniero de procesos por la pandemia en la primaria de Tarragona, gestores de Covid-19, encuestadores o rastreadores para el Servei de Vigilància Epidemiològica del Camp y las Terres de l’Ebre, por no hablar de los profesores de refuerzo para garantizar unas ratio más bajas de alumnos.

Son solo algunos de los puestos de trabajo, bien directos o bien subcontratados, que la administración ha impulsado en la provincia en su desesperada lucha contra la pandemia durante el último año. Los contratos por la vía de emergencia se han disparado pero también lo ha hecho el empleo público, al tiempo en que el privado sufría una debacle de dimensiones bíblicas de la que no se recuperará hasta finales de 2022, según la previsión en Tarragona.

Un aumento del 6,2%

El Estado, la Generalitat y los ayuntamientos vuelven a tirar con fuerza de las contrataciones. Solo en el último año su plantilla ha aumentado en la provincia en 3.000 personas o, lo que es lo mismo, ha habido más de siete incorporaciones al día. Los últimos datos de la Seguridad Social no dejan lugar a dudas. Tarragona cerró el pasado mes de febrero con 47.623 empleados públicos, una cifra que incluye a funcionarios de carrera pero también a interinos o a personal eventual. Es un 6,2% más, un dato que supera a los incrementos de los últimos años, que oscilaban entre el 2 y el 4%. Además, se trata de la cifra más alta al menos desde 2013, cuando el Gobierno comenzó a sacar la tijera. La clave de esta dinámica está en el complejo abordaje de la Covid-19, que obliga a sectores fundamentales como la sanidad o la educación e echar mano de las bolsas para reforzar el personal de los CAP o los hospitales. También el Estado ha tenido que contratar a contrarreloj en el SEPE para dar salida a la avalancha de solicitudes de ERTE o del Ingreso Mínimo Vital. El colapso en estos sectores estratégicos de lo público se ha paliado con más puestos de trabajo.

Es, de alguna manera, lo público saliendo al rescate mientras el ámbito privado se desploma irremediablemente por efecto de la crisis desatada por el virus: en el último año 13.396 tarraconenses se han quedado en el paro mientras que cerca de 3.000 han engrosado las plantillas públicas, sobre todo por parte de la Generalitat. La contratación del estado se mantiene más estable, mientras que el nivel autonómico ha pasado de los 21.685 trabajadores en las comarcas tarraconenses que había a inicios de 2020 a los actuales 24.450. Son 2.765 más. Los ayuntamientos de la provincia han pasado de 19.920 efectivos a 20.109, 189 más. Los refuerzos han venido a contener la pandemia en sus diversos ángulos. La contratación de hoteles Covid-19, médicos, enfermeras o auxiliares administrativos en el Camp o el Ebre forman parte de estas nóminas de profesionales que están ampliando la administración.

«Es necesario contratar a personas en una situación tan excepcional como esta, pero hay que mirar bien dónde se incorporan para que luego no haya estructuras sobredimensionadas. Eso no debe ocultar el debate de la gestión. Hay servicios públicos que reforzar pero en otros hay que pensar y comprobar si funcionan o no», explica Rafael Muñoz, economista del gabinete de estudios de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA).

Bien distinta es la opinión de unos sindicatos que achacan a los recortes previos esa necesidad de reforzar ahora algunas estructuras. Critican, además, la calidad del empleo creado. «La pandemia ha hecho evidente que las plantillas estaban al mínimo y que el sistema era insostenible. Lo vemos en sanidad o educación. Ahora ha habido refuerzo, pero no de una manera estructural. Hemos visto contrataciones en función de las oleadas pero cuando se han acabado se ha vuelto a la plantilla inicial que había. Es un refuerzo puntual que no va a más y la temporalidad sigue siendo muy elevada. No salen convocatorias globales», indica Mercè Puig, secretaria general de CCOO en Tarragona.

Contratación «muy precaria»

Joan Llort, su homólogo en UGT, se posiciona en una línea parecida: «Llevamos desde 2008 con una bajada de la oferta pública. Ha faltado personal y medios para combatir esta pandemia en ámbitos como la sanidad, la educación o el tercer sector. La contratación que se hace ahora aún es muy precaria. En el sector sanitario no hay profesionales, porque se han marchado a otros sitios donde las condiciones eran mejores».

Puig, desde CCOO, considera que «venimos de unos recortes de los que no se han recuperado los equipos ni en el SEPE ni el Servei d’Ocupació de Catalunya, con unas plantillas envejecidas, jubilaciones que no eran sustituidas…». El debate, sin embargo, va mucho más allá y entronca con una cuestión política e ideológica. «La administración ha hecho convenios en los últimos años con entidades concertadas o privadas, en busca de un negocio mercantil, mientras se ha dejado de impulsar un servicio público que debería ser más potente y al que le faltan todo tipo de medios y recursos. Se ha aguantado en esta emergencia sanitaria por el sacrificio y la voluntad de los trabajadores», denuncia Llort.

El horizonte: más impuestos

Diametralmente opuesta es la opinión de Juan Gallardo, también economista de la CEPTA y responsable de su observatorio empresarial, que cree que «el empleo público lleva tiempo creciendo, a partir de 2017 y 2018, cuando se flexibilizan las restricciones presupuestarias y vuelve a expandirse de forma muy clara, sobre todo en las corporaciones locales».

Para Gallardo, la pandemia «no justifica» el incremento del gasto por parte de las administraciones: «Tienes que ayudar a las empresas, pero no generar más gasto público. Eso es una barbaridad. Hay otras fórmulas, otros mecanismos. En el caso de la sanidad, podías aprovechar los recursos de la privada, por ejemplo». Gallardo cree que «vamos hacia una mayor necesidad de financiación, mayor déficit y mayor endeudamiento, por lo que habrá que asumir recortes o más presión fiscal». Rafael Muñoz valora «una filosofía basada en la deuda» como «un suicidio económico».

En ese punto, una de las preguntas clave es quién va a asumir todos los gastos. Los expertos económicos ven que, más allá de las contrataciones actuales, irremediablemente tanto dispendio deberá sufragarse en los próximos años con una subida de impuestos. «El ciudadano lo acabará pagando con más impuestos. La pandemia te lleva a gastar más pero, aparte de eso, no se ha gestionado adecuadamente», indica Muñoz.