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La Diputació de Tarragona avanzará en pocos días unos 22 millones de euros a los municipios de la provincia para poder hacer frente a la crisis ocasionada por el coronavirus, cuya afectación aún no se sabe hasta cuándo se alargará. Por ello, la administración provincial ha decidido actuar y, en breve, pagará a los ayuntamientos una parte importante del importe que, dentro de unos meses, deberían cobrar por los tributos municipales cuyo cobro tienen delegado en la corporación con sede en el Passeig de Sant Antoni de Tarragona, que es la que gestiona su ejecución.
La pasada semana, ya con el estado de alarma decretado, la institución presidida por la reusense Noemí Llauradó (ERC) anunció la suspensión del calendario para hacer efectivo el cobro de los tributos municipales como el IBI, la basura, el vehículo o la plusvalía. «Modificamos el plazo para que la gente que se ha visto afectada por el parón económico a raíz del Covid-19 pueda pagar más adelante, cuando la situación haya mejorado», afirma la presidenta de la Diputació, quien resalta que «pese a ello, lo que haremos será adelantar el dinero a los Consistorios para que puedan tener recursos para afrontar la situación». De esta forma, según Llauradó, la Diputació «contribuye a la viabilidad económica de muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños», ya que «permite que puedan continuar efectuando el pago de facturas» y eviten el colapso económico. Asimismo, se ha acelerado el pago de facturas a empresas proveedoras por valor de 1,6 millones de euros.
Varias vías abiertas
Paralelamente, Llauradó afirma que estos 22 millones de euros que se avanzarán en pocos días no irán en detrimento de las transferencias corrientes que la Diputació tiene previsto realizar a los Consistorio. «Aquí seguiremos según lo previsto. Estamos haciendo un ejercicio para redefinir los servicios y ser más ágiles, ya que contamos con músculo para estar al lado de los ayuntamientos», resalta.
Asimismo, otra de las vías que se plantea la administración supracomarcal para ayudar a los municipios es el Pla d’Acció Municipal (PAM), que hasta 2023 contará con una dotación económica de 85 millones de euros. «Tenemos claro que debe tirar hacia adelante, y ahora aún con más prioridad», afirma Llauradó, quien no descarta «repensar las lineas de ayudas para poder reparar el impacto que pueda dejar el coronavirus».
En este sentido, los técnicos de la Diputació están estudiando la posibilidad de convocar un plan extraordinario en caso de que los efectos del Covid-19 se alarguen durante varias semanas más. «Analizaremos el impacto que habrá tenido y pondremos recursos para reactivar socialmente y económicamente el territorio», indica la presidenta, quien considera que este nuevo paquete de ayudas podría centrarse «en planes de ocupación para los ciudadanos que hayan perdido el empleo o en la gente mayor». Sobre ello, Llauradó aún no sabe la cantidad que se destinará, pero tiene claro que «movilizaremos todos los recursos que podamos. No nos quedaremos cortos», añade.
