La Diputació de Tarragona se pronuncia después de que una sentencia haya condenado al recinto de la Tarraco Arena Plaça (TAP) a no celebrar conciertos ni actuaciones musicales durante las noches, al menos hasta que se solucione el tema del exceso de ruido. A través de un comunicado, la institución, que es la propietaria del equipamiento, asegura que se está trabajando para la mejora del recinto, «de la misma manera que lo hacemos con el resto de edificios de la Diputació».
El ente explica en el documento que «siempre nos hemos ocupado de dotar la TAP de elementos e infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de las personas implicadas, como los vecinos y los usuarios». Algunas de las inversiones tienen que ver con los lavabos y camerinos, la instalación del montacargas, la pavimentación del suelo central o la adaptación del recinto a las personas con alguna discapacidad. El comunicado añade que una de los puntos fundamentales de este proyecto de mejora pasa por trabajar el aspecto sonoro, es decir, el ruido que se ocasiona y que molesta a los vecinos.
Ordenan cesar la actividad nocturna de la TAP
Tras casi una década de lucha, una pareja de vecinos de la Tarraco Arena Plaça ha conseguido que un juzgado les dé la razón: el Ayuntamiento de Tarragona no ha hecho lo suficiente para controlar que durante los eventos no se superen los límites de ruido permitidos, algo que les ha ocasionado distintos problemas de salud.
La Diputació asegura que velará para satisfacer las necesidades y los derechos de los vecinos de la zona. El comunicado recuerda que la TAP ha supuesto un importante impacto económico en la ciudad. En cinco años se sitúa alrededor de los 24.100.000 euros, entre restauración, alojamiento y otros servicio, asegura el ente.
El ente asegura que velará para satisfacer las necesidades de los vecinos y usuarios«La voluntad de la Diputació es colaborar con los otros agentes e instituciones implicadas, con el objetivo de poder satisfacer el interés general», asegura el documento, que recuerda que la Diputació tiene un contrato de arrendamiento y explotación vigente que prevé en la cláusula decimosexta que «la explotación de la TAP tenga la más grande diversidad posible, llegando a toda clase de públicos, de una forma inocua sin molestar a terceros», concluye.
Cabe recordar que el origen del conflicto se encuentra en una sentencia que da la razón a unos vecinos, hartos de sufrir el ruido de la TAP.