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La Diputació de Tarragona ha decidido prorrogar hasta la finalización del Estado de alarma la rebaja del 82% del canon que paga la empresa gestora de la Tarraco Arena Plaça (TAP). A raíz de la paralización de la actividad de ocio por la crisis sanitaria de la Covid-19, la administración provincial acordó el pasado mes de septiembre que la empresa que se ocupa desde 2013 del día a día del recinto –Agència de Publicitat Internacional Catalana (APIC)– pasara a ocupar solo el inmueble auxiliar de la instalación ante la ausencia de eventos –y de ingresos– desde el pasado mes de marzo, lo que ha imposibililitado que pueda cumplir con la concesión que ostenta desde 2013, y que caducará en 2023.
La decisión que se tomó hace tres meses por unanimidad de ERC, Junts, PSC y Cs comportó que la empresa concesionaria pasara a pagar un canon mensual de 1.204 euros, por los 6.599 que abonaba hasta entonces, debido al hecho de que, por la situación y las restricciones sanitarias actuales, «no puede realizar su actividad como antes de la pandemia», según se resalta en el acuerdo al que ha tenido acceso este periódico.
A consecuencia de ello, la administración supracomarcal recuperaró la posesión del edificio principal «para poder cubrir las necesidades que en cada momento surjan a causa de la pandemia». Pese a ello, se recalca que la gestora «tiene la obligación de vigilar el recinto», mientras que también asume el 18% de los tributos del IBI, la recogida de la basura, los vados y el seguro del inmueble. Asimismo, también abona el 100% de los consumos de agua y electricidad, y el 18% de la parte fija de estos dos servicios, así como el 50% del servicio de ascensor y el 70% de la telefonía.
Estas condiciones caducaban el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, la Comissió Informativa d’Hisenda i Economía de la corporación del Passeig de Sant Antoni ya ha dado el OK para ampliar la situación hasta el próximo 9 de mayo, que es la fecha en la que se prevé que decaiga el actual Estado de alarma.
«Que Ricomà tome ejemplo»
Desde la Diputació, la presidenta Noemí Llauradó (ERC) remarca sobre la decisión adoptada que «desgraciadamente, la situación actual no ha cambiado respecto de la que motivó la suspensión», y añade: «La prórroga de la suspensión responde a un doble objetivo: la sostenibilidad económica del adjudicatario y la recuperación de la TAP para usos colectivos».
El PSC también avala la iniciativa. «Estamos de acuerdo. Así como en otros sectores se puede hacer algo, en la TAP no puede haber actividad, por lo que se debe compensar al gestor del espacio», afirma el portavoz provincial de los socialistas, Josep Fèlix Ballesteros. Finalmente, Rubén Viñuales (Cs) recalca que la prórroga aprobada «es la forma correcta de ayudar desde la administración en tiempos difíciles», y añade que «Ricomà tiene mucho que aprender de la Diputació».
