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La Fiscalía cita a 138 alcaldes tarraconenses bajo amenaza de detención

Citará a declarar a todos los ediles que han dado su apoyo al referéndum y ordena detener a los que no se presenten
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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, envió ayer una instrucción a los fiscales de Catalunya para que citen como investigados (imputados) a los alcaldes que han firmado decretos para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos d’Esquadra que los detengan.

Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.

Los alcaldes citados representan el 75% de los municipios del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre 

Así las cosas, la Fiscalía de Tarragona deberá citar a los 138 alcaldes del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre que figuran en el citado listado de la AMI–que incluye además las EMD de Bítem, Campredó y Jesús–. Estos 138 ayuntamientos suponen el 75% de los municipios de la provincia.

El Fiscal General del Estado especifica que se dé preferencia a las diligencias contra los Ayuntamientos de mayor volumen de población, por lo que los primeros ediles en declarar serán los de Reus, El Vendrell, Tortosa, Cambrils, Valls y Amposta. Aun así, cabe recordar, que el alcade de Reus, Carles Pellicer, no firmó un decreto sino un manifiesto, y que el decreto firmado por el de El Vendrell, Martí Carnicer, decía que cumpliría con la legalidad vigente y que, por  tanto, era en realidad una negativa a la petición de la Generalitat.

El oficio de la Fiscalía recuerda que, en una carta firmada por el presidente Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Jnqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Catalunya «exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal» e insiste en que cualquier conducta de las «autoridades» que facilite el 1-O puede constituir delito.

Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias y que los alcaldes declaren como investigados, asistidos de letrado, «en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal». En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar «a los Mossos d’Esquadra como policía judicial» para que la lleven a cabo «en el plazo más breve posible».

El oficio establece que, a la vista del número de municipios afectados, se dará preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los ayuntamientos con mayor volumen de población.

La Fiscalía recuerda que cualquier conducta de autoridades, funcionarios o particulares «dirigida a la organización del ilegal referéndum de autodeterminación es indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia (penado con multa e inhabilitación especial), prevaricación (penado con inhabilitación especial) y malversación de caudales públicos (penado con prisión de hasta ocho años e inhabilitación absoluta por hasta 20 años)».

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