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La Generalitat contabiliza que han fallecido un total de 40 personas por coronavirus en las residencias de la demarcación de Tarragona, desde el pasado 15 de marzo. Las muertes se concentran en cuatro centros: la residencia de Jesús, la Ballús de Valls, la de Vila-seca y la Nostrallar de Pallaresos. La situación en las residencias es compleja. En la mayoría de ellas falta personal y también equipos de protección. Directores y trabajadores coinciden en haberse sentido solos y desamparados por la administración. Además, algunas de ellas, ahora deben hacer frente a investigaciones judiciales. Hoy, el Diari habla con ellos para saber de primera mano cómo están viviendo esta situación.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informaba ayer por la mañana de los datos recopilados en Catalunya desde el 15 de marzo en cuanto a la pandemia del coronavirus y su afectación a residencias de gente mayor o geriátricos.
Los datos que se oficializan y que facilitan las residencias no corresponden muchas veces con la realidad de personas afectadas o fallecidas, ya que el protocolo utilizado se basa en la prueba o test (PCR) que certifica la enfermedad. Sin embargo, muchos pacientes han fallecido sin prueba o bien han sido trasladados a hospitales, pereciendo días más tarde. Ello señala que las cifras podrían ser inferiores a la realidad numérica de la pandemia, cosa que preocupa mucho al colectivo.
La Generalitat de Catalunya contabiliza 40 personas fallecidas, 39 en residencias del Camp de Tarragona y 1 en Terres de l’Ebre. Esta residencia del sur de la provincia es la que se encuentra en la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Jesús, perteneciente a Tortosa.
Las residencias en las que la administración ha reconocido decesos son las de Valls (Ballús), Nostrallar (Els Pallaresos) y Residència de Vila-seca. En otros centros se han admitido casos positivos de Covid-19, pero no se ha comunicado que hubiera fallecidos.
En cuanto a la cifra de muertos oficiales, fuentes consultadas por el Diari y que tienen conocimiento de positivos como de personas que han fallecido en los geriátricos, aseguran que bailan y que son superiores.
A título de ejemplo el caso de la Residència de Vila-seca, donde oficialmente se cuenta una persona fallecida y realmente hay otras seis que perecieron con los mismos síntomas, pero al no haber test de por medio no se cuentan como muertes por Covid-19.
Pasa algo parecido en el caso de la Nostrallar, la residencia de Els Pallaresos. La administración solo cuenta como fallecidos aquellos usuarios que pudieron hacerse la prueba. En cambio, fuentes cercanas al centro confirman que estaríamos hablando de al menos 15 difuntos en el último mes.
En los datos oficiales a 7 de abril –y que la Generalitat remarca en el comunicado que es información de las mismas residencias–, hay 1.906 personas que viven en geriátricos y que tienen diagnóstico de coronavirus. En la provincia serían 173 repartidos entre las dos regiones sanitarias.
La población total de personas mayores en plazas residenciales públicas y privadas serían 64.093. Estas personas están aisladas y siguiendo los protocolos del Departament de Salut. Por otra parte hay 448 hospitalizadas por agravarse el cuadro clínico de la enfermedad, de las cuales 19 son de la provincia de Tarragona.
En Catalunya habría 239 residencias con casos de coronavirus, de las cuales 12 estarían en la provincia. De los 4.191 personas que trabajan en diferentes ámbitos del geriátrico, 173 son empleados en centros de la demarcación.
En primera persona
Primero, incertidumbre. Después, caos. Y, por último, investigados por la justicia. Así resumen la mayoría de trabajadores y directores de residencias lo que han vivido en los últimos días. En la mayoría de estos geriátricos, la llegada del Covid-19 les ha cogido totalmente por sorpresa. Sin mascarillas, ni guantes suficientes, y con el personal justo. Los directores de las residencias prefieren mantener su anonimato, pero la mayoría coincide en asegurar que «la administración sabía que el colectivo más vulnerable al bicho era el de la gente mayor. Y no lo han tenido en cuenta».
Ana, nombre ficticio de una directora de residencia del territorio, explica que «cuando todo empezó, no sabíamos qué hacer. La administración no nos decía nada y nosotros nos tuvimos que organizar. Imperaba la incertidumbre». Las dudas se hacían cada vez más grandes. «Primero no podían entrar los familiares pero, sin embargo, los trabajadores entrábamos y salíamos sin a penas protección», añade Ana. La residencia que dirige no ha registrado por el momento ningún caso positivo.
Después de esta primera fase, llegó el caos. «Algunas compañeras se daban de baja porque tenían miedo a contagiarse», explica María –también nombre ficticio–, auxiliar de la residencia Nostrallar. Los geriátricos no estaban preparados para lo que venía. Faltaba personal y material de protección. Los trabajadores de algunas residencias han decidido hacer su cruzada por libre, pidiendo a través de sus redes sociales mascarillas y batas. El horario en la mayoría de centros ha aumentado, y los trabajadores hacen turnos de 12 horas seguidas, sin apenas poder descansar.
La gran preocupación de las direcciones es no poder hacer las pruebas a la totalidad de residentes y trabajadores. «Así sabríamos la realidad que tenemos delante», asegura Antonio –nombre falso–, un trabajador de la residencia Ballús de Valls, quien asegura que «nos ha faltado apoyo sanitario».
La directora de otro geriátrico de la provincia se une a la queja y asegura que los protocolos se contradicen. A modo de ejemplo, en los últimos días, la Generalitat ha dado luz verde para que los familiares puedan sacar a sus allegados de las residencias. «Sin embargo, las instrucciones son que antes deben hacerse la prueba. Pero cuando llamamos al CAP nos dicen que si el residente no presenta síntomas, no le harán el test», explica esta directora.
Finalmente, la Fiscalía investigará algunas residencias catalanas por el importante número de fallecidos en los últimos días. Las direcciones de los geriátricos ven injusta esta medida. «Deben controlar nuestra tarea, pero no judicializarla», aseguran.
