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La Generalitat de Catalunya ha dado el primer paso para iniciar el proceso que, en caso de culminarse, acabaría con el desalojo del Iot y el Tòful de Mar. Según ha podido saber el Diari, la Direcció General de Patrimoni ha abierto un expediente por desahucio contra los dos negocios, tras corroborar que los dos establecimientos abrieron el pasado fin de semana sin permiso por parte del Govern.
Según el acuerdo entre Vicepresidència y los dos locales, el contrato de arrendamiento del inmueble finalizaba el pasado viernes 30 de noviembre, después de que en mayo se les prorrogara el vínculo por seis meses. El viernes, funcionarios de la Generalitat se personaron en el recinto para notificar a los propietarios la extinción del permiso y, asimismo, se les informó de que «ya no tienen título jurídico para seguir con su actividad», según relataron el pasado viernes fuentes del Govern a este periódico.
El propietario del Tòful espera abrir durante el puente y devolver las llaves el día 14Pese a ello, los propietarios del Iot y del Tòful de Mar afirmaron que, durante la visita de los empleados públicos, se llegó al acuerdo de que no se les prohibiría seguir abiertos hasta el 10 de diciembre, de forma que podrían abrir durante el Puente de la Constitución para entregar las llaves el día 14. El motivo que justificaron fue que no se les habían resuelto las alegaciones que habían presentado para intentar frenar el cierre temporal. Desde el Govern se negó dicho acuerdo, pero ambos negocios abrieron el pasado fin de semana.
Ayer, fuentes de Vicepresidència aseguraron a este periódico que ya se ha iniciado el expediente de desahucio, «de igual forma que se haría con cualquier otro caso parecido». Asimismo, desde el Govern se indicó que, en los próximos días, se presentará una segunda notificación a los propietarios.
Los negocios afrontan sanciones de 120 euros por metro cuadrado y día de apertura sin permiso¿Licitación antes de fin de año?
Según la Llei de Protecció i ús Sostenible del litoral Català, que deriva de la Ley de Costas de 1988, los titulares de los negocios podrían afrontar sanciones que llegarían hasta los 120 euros por metro cuadrado y día de apertura sin permiso, en caso de que los servicios jurídicos decidan ejecutar medidas coercitivas. Así se especifica en el artículo 35.B de la legislación autonómica, que reza –por otra parte– en su artículo 29.B que «la ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la administración para la cesación de la conducta abusiva, es una infracción catalogada como grave».
De forma paralela, desde Vicepresidència se indica que ya está todo preparado para iniciar la licitación. «La convocaremos a principios de enero e, incluso, no descartamos hacerlo a finales de este mismo mes de diciembre», afirman las fuentes consultadas.
El objetivo del Govern es adjudicar antes de Semana Santa y que el inmueble tenga plena actividad en verano. Ayer, el propietario del Tòful de Mar, Josep Maria Abelló, reiteró que espera «poder abrir antes del día 10», para devolver las llaves el 14, a la vez que indica que está «estudiando» presentarse al concurso público.
