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La Generalitat paga al año 1,12 millones de euros de alquiler por sus sedes judiciales

El nuevo Palau de Justícia se prevé sacarlo a concurso este año, para que las obras estén terminadas en 2018
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La venta del actual Palau de Justícia servirá para sufragar parte del coste del futuro Fòrum de la Justícia.  Foto: Pere Ferré

La venta del actual Palau de Justícia servirá para sufragar parte del coste del futuro Fòrum de la Justícia. Foto: Pere Ferré

Los seis sedes judiciales que la Generalitat tiene alquiladas en la ciudad de Tarragona para acoger Juzgados le cuesta cada año 1,12 millones de euros, según datos del Departament de Justícia. Una situación que no se da en ninguna otra capital de provincia catalana, donde todas los Juzgados están agrupados en uno o dos edificios que son propiedad del ente autonómico. Y por ahora la dispersión judicial continuará presente como mínimo durante varios años. Las previsiones con que trabaja la Generalitat es que el nuevo Fòrum de la Justícia salga a licitación este año y que pueda comenzar a funcionar en 2018.

En la ciudad de Girona existen dos sedes judiciales –la antigua y una de nueva– y en Lleida una –ampliación de las antiguas dependencias–. Un caso diferente es Barcelona. La puesta en funcionamiento de la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet ha supuesto ha agrupación de la mayoría de Juzgados. Sólo quedan fuera de este macrocomplejo los Juzgados de lo Social –que este año también irán a la Ciutat de la Justícia– y el edificio de la Audiencia Provincial, que acoge también el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

 

Un caso diferente

Una situación distinta se da en la ciudad de Tarragona, donde existen ocho edificios que acogen juzgados. El principal, situado en la avenida Del President Companys –que alberga la mayor parte de servicios en los 10.500 metros cuadrados de superficie que tiene– es propiedad de la Generalitat, al igual que el espacio situado en los bajos del número 20-24 de la calle Sant Antoni Maria i Claret, donde están situados los cuatro Juzgados de lo Penal –que ocupan unos 1.387 metros cuadrados–. El resto son bajos alquilados.

La avenida de Roma –números 7, 19, 21 y 23– acoge buena parte de los Juzgados que están fuera de la sede principal. Se trata de los dos de lo Contencioso-Administrativo, el de Familia, los siete de Primera Instancia y los tres de lo Social. En la Rambla Nova 120-122 se encuentra el Registro Civil. Y finalmente en la calle Cardenal Vidal i Barraquer está el Juzgado y la Fiscalía de Menores.

La secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia de la Generalitat, Maria Josep Feliu, reconoce la singularidad de Tarragona en dispersión de órganos judiciales por la ciudad. «Estaba prevista la construcción del edificio, pero la crisis paró muchas cosas», subraya.

El anteproyecto de Fòrum de la Justícia –nombre con el que se denominará el futuro Palau de Justícia– está ya redactado. Tendrá una superficie de casi 3.900 metros cuadrados. En la distribución ya está prevista la implantación de la nueva oficina judicial.

Para este año se espera poder sacar a concurso el proyecto ejecutivo, para seguidamente licitar las obras, con un coste estimado de 58 millones de euros –en 2010 se habló de 69–. Por el momento no está definido cuál será el sistema de financiación, «se está trabajando en buscar el mejor», apunta Feliu. La previsión con la que trabaja la Generalitat es que en el 2018 el personal pueda comenzar a ocupar el nuevo edificio.

 

No tercer grado

Una de las cuestiones que se barajó en su día y que la Generalitat ha descartado es que el edificio acoja presos en tercer grado –que sólo van a dormir–. «El Fòrum de la Justícia sólo acogerá órganos judiciales», sentencia la secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia. La misma interlocutora indica que la venta de los dos edificios judiciales que tiene la Generalitat en propiedad –el Palau de Justícia y el de Sant Antoni Maria i Claret– podría servir para financiar, en parte, el futuro Fòrum de la Justícia.

Una de las propuestas que se había barajado es seguir el modelo de Girona: remodelar el edificio actual y construir uno de nuevo. Pero según Maria Josep Feliu, hubiera supuesto una gran inversión, «ya que precisaba de una profunda reforma», por lo que se descartó.

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