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La Generalitat tiene 143 pisos sociales desocupados en Tarragona

La administración catalana hizo un plan de choque para reducir las viviendas vacías ‘al mínimo exigible’

Núria Riu

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Promoción de Torreforta en la que el Govern de la Generalitat tiene pisos protegidos. FOTO: LLU�S MILI�N/DT

Promoción de Torreforta en la que el Govern de la Generalitat tiene pisos protegidos. FOTO: LLU�S MILI�N/DT

La Agència de l’Habitatge de Catalunya, que gestiona un total de 1.630 viviendas de titularidad pública en la demarcación de Tarragona, acumula un total de 143 pisos vacíos. Algunos de estos están temporalmente desocupados, pese a que la administración catalana tampoco se escapa del fenómeno de la ocupación.

Estos pisos están distribuidos por el conjunto de la demarcación, siendo el Tarragonès la comarca que dispone de una cifra más elevada (53). Le siguen en el ranking el Baix Camp (32) y el Baix Ebre (26). Destaca también que el Priorat es la única comarca sin ninguna vivienda pública desocupada.

La administración catalana justifica que los motivos son varios. Asegura que «siempre disponemos de una reserva para atender aquellas situaciones de emergencias a las cuales hay que dar una respuesta en cuestión de horas, como puede ser un caso de violencia doméstica, el derrumbe de una vivienda, un incendio o casos de emergencias residenciales urgentes».

En total son 93 los pisos disponibles en este sentido o que están temporalmente desocupados «porque están en obras o en trámite de ser adjudicados de nuevo», asegura la administración.

Estas cifras ponen en relieve que la administración catalana también tiene problemas con los ocupas. En cierto modo porque una parte significativa de su parque de viviendas proviene del stock de la banca, con un alto nivel de ocupación.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge asegura que en estas situaciones se intenta hablar y negociar con estas personas. En algunos casos se trata de familias a las que se les busca una nueva ubicación a través de la Mesa d’Emergències. Pero en otros, cuando no hay manera de ponerse de acuerdo, y «si no son vulnerables», el Govern también recurre a los tribunales para conseguir el desahucio de quienes ocupan la vivienda ilegalmente.


Una cifra variable
El porcentaje de pisos vacíos representa el 8,7% del parque de vivienda social que gestiona la Generalitat en el conjunto de la demarcación y que alcanza los 1.630 pisos. En todo caso, la administración catalana asegura que la cifra de inmuebles desocupados «varia constantemente, de semana a semana, porque hay nuevos adjudicatarios, se han acabado las obras de rehabilitación o porque son habitados por personas que los dejan y se van a vivir a otro municipio».

Estos son pisos de titularidad pública que se adjudican a solicitantes de vivienda de protección oficial inscritos en el registro de la Generalitat o que se adjudican a través de la Mesa d’Emergències en aquellos casos más urgentes de familias vulnerables en riesgo de exclusión residencial. Su adjudicación se hace teniendo en cuenta diversos parámetros, desde el número de miembros de la unidad familiar, a los ingresos o la situación laboral o social, entre otros. En estos casos, los servicios sociales municipales hacen una primera valoración y es la Mesa d’Emergències quien hace la valoración final y la adjudicación de la vivienda.

Los datos los daba a conocer la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, en una respuesta parlamentaria formulada por el grupo socialista en el Parlament. La consellera dijo que el total de pisos vacíos en Catalunya son 1.226, de los cuales 834 están «temporalmente desocupados», mientras que los otros 392 están ocupados ilegalmente.

Por comarcas, el Barcelonès es la que tiene más pisos vacíos (258), seguido del Vallès Occidental (160) y el Baix Llobregat (125).

El parque de viviendas sin utilizar en Catalunya ha ido en descenso. En 2011, el stock alcanzaba los 3.274 pisos. «Eran cifras inasumibles desde el punto de vista social», lamentó la consellera Meritxell Borràs. Por lo que el departamento elaboró un plan de choque con la finalidad de reducir el número de pisos desocupados «al mínimo exigible». Según la consellera, «oscila en los parámetros en los que nos encontramos actualmente».

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