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La Guardia Civil ha citado a declarar al secretario general de la Presidencia, Joaquim Nin i Borredà. El actual alcalde de Albinyana y también exdelegado del Govern de la Generalitat en Tarragona ha sido citado este miércoles en el cuartel de la Benemérita en Barcelona para responder por el referéndum del 1 de octubre.
Además de Nin, que también es exvicepresidente de la Diputació de Tarragona, ha sido citado también Jordi Graells, director general de Atención Ciudadana de la Generalitat, por su supuesta vinculación con los preparativos del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional e investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
En las últimas semanas, la Guardia Civil ha citado a trabajadores y funcionarios de la Generalitat dentro de la investigación abierta sobre los preparativos de un eventual referéndum sobre la independencia de Catalunya, que lleva el Juzgado de Instrucción 13.
En el marco de estas diligencias, se ha reclamado información al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) relativa a los responsables de la organización y los encargados de pagar el acto celebrado el pasado 4 de julio en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, explicaron el referéndum del 1-O.
El Instituto Armado también citó a un funcionario de la Generalitat por la campaña institucional para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjeroAdemás, se ha interrogado al responsable de Redes de la Generalitat --que es personal eventual-- por la realización de la web del Pacte pel Referèndum, y se ha citado como testigos a dos trabajadores públicos y tres trabajadores de empresas externas por este mismo tema.
El Instituto Armado también citó a un funcionario de la Generalitat por la campaña institucional para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjero.
El 24 de marzo, la Fiscalía Superior de Catalunya anunció que abría diligencias de investigación por si la Generalitat estaba preparando su anunciado referéndum de independencia, en base a noticias y al anuncio publicado en la prensa de dicha campaña sobre el registro de catalanes en el extranjero.
Abrieron estas diligencias ante posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, ya que estos preparativos podían estar "en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el TC".
La Fiscalía aludía directamente al anuncio publicado en diarios por la Generalitat que animaba a inscribirse en el registro de catalanes en el exterior.
