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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tarragona (PAH) reclama al Ayuntamiento hacer efectiva la ley 18/2007 del Dret de l’Habitatge, en la que se contempla que se sancionarán las entidades financieras y las grandes empresas que cuentan con pisos vacíos y desocupados de una manera permanente. Así lo aprobó el pleno del consistorio tarraconense en el año 2014. Desde entonces, el Ayuntamiento no ha puesto ninguna sanción, a diferencia del de Reus, que ya lleva unas cuantas.
«No queremos gente sin casa, pero tampoco casas sin gente», explicaba ayer Natàlia Rodríguez, portavoz de PAH Tarragona, durante la concentración que llevó a cabo la marea verde en la oficina de Bankia de la Plaça Imperial Tarraco. La manifestación tuvo lugar en todas las principales ciudades del Estado español. Rodríguez aseguraba que «los bancos han sido rescatados con dinero público, es decir, dinero de todos. Lo mínimo que pueden hacer ahora, como contraprestación, es ceder pisos vacíos para poder ser entregados con un alquiler social a familias que lo necesitan de manera urgente. Y si no es así, el Ayuntamiento debería sancionarles, tal como marca la normativa». Consistorios como los de Terrassa, Amposta, Sabadell y Reus ya llevan años siguiendo la ley y multando a los bancos.
«De esta manera, el Ayuntamiento de Tarragona conseguiría viviendas sociales para las familias que se encuentran en la mesa de emergencia», explicaba Susana García, portavoz de la PAH Baix Penedès. Por su parte, el concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Josep Maria Milà, decía que «la mesa de emergencia es un órgano que funciona muy bien.
Aquellas personas que necesitan una vivienda de manera urgente deben hacer la petición en el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y se traspasa el caso a la mesa de emergencia». Milà justifica que no se han puesto sanciones porqué «la Generalitat acordó una serie de convenios con los bancos, para facilitar los trámites y conseguir más pisos. El afán no es recaudatorio». Ahora bien, Milà reconoce que se están acabando las existencias de pisos de emergencia en Tarragona.
Alquileres sociales
Los concentrados ayer delante de la oficina de Bankia reclamaban también a la entidad financiera que facilite los trámites para que las familias que no pueden hacer frente a la hipoteca puedan dar el piso al banco a cambio de un alquiler social que dependa que los ingresos. «Hay familias que cobran 426 euros al mes. No es que no puedan pagar, sino que se han visto obligadas a irse a casa de sus padres a vivir con niños pequeños. Teniendo en cuenta los muchos pisos vacíos que hay, es muy injusto», decía Natàlia Rodríguez, portavoz de la PAH, quien añadía que «hemos estado unos días desaparecidos, porque hemos estado cogiendo fuerzas. La plataforma seguirá luchando para llenar pisos vacíos».
