La Part Alta tiene unos 40 edificios en mal estado

El derrumbe parcial de una vivienda en la Baixada del Roser es otro capítulo más en las incidencias registradas en la zona más frágil de la ciudad. Un nuevo episodio que, para el presidente del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en Tarragona, Joan Tous, «pone de relieve que hace falta un ambicioso plan de actuación en la Part Alta y el conjunto de los centros históricos».

El proceso de regeneración que se impulsó a finales de los 80, inicios de los 90, en este barrio no se llevó a cabo por igual en todas las partes. En la zona de levante, con las plazas del Rei y del Fòrum como centros neurálgicos, su rehabilitación fue más exitosa. Mientras, en la zona más próxima al Portal del Roser quedaron algunas áreas en las que apenas se actuó, como es todo el ámbito próximo al Arc d’en Toda. La Associació de Veïns de la Part Alta contabiliza que hay una cuarentena de edificios en todo el barrio que se encuentran en un estado no óptimo.

Tous pone en valor que «el Pla Integral de la Part Alta fue un buen instrumento» ya que «supuso un buen impulso». Y recuerda que «el deber es de los propietarios, pero la administración es la segunda responsable y más que medidas coercitivas como las ITV, lo que acaba funcionando es que los ayuntamientos lideren estos proyectos o que ayuden con subvenciones o exenciones fiscales».

Nueva campaña de comunicación
La Generalitat de Catalunya ha impulsado recientemente una nueva campaña de comunicación para recordar a los propietarios de los edificios anteriores a 1960 que tienen que pasar la Inspección Técnica de Edificios. 

Los propietarios pueden ser sancionados con multas de 9.000 a 90.000 euros

Josep Anguera, del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (COAATT), explica que «básicamente se revisa la estructura, el tejado, la fachada y las instalaciones interiores». Anguera considera que «la mayoría no son casos graves porque si se preocupan por hacer la revisión es que les ha llegado la carta y que hay una persona viviendo allí. El problema está en aquellos casos en los que no hay nadie, porque estos son los que realmente están en malas condiciones». Esto hace que buena parte de los controles que se hacen obtengan el certificado, y sus propietarios no tengan que preocuparse en diez años, tres si se detecta que hay riesgo de daño estructural.

El Govern estableció que los propietarios que no pasasen esta inspección podían ser sancionados con multas de 9.000 a 90.000 euros. «No sé si han multado a alguien y el problema está en que, para los propietarios, es más caro arreglar una casa que construir un nuevo bloque», concluye Anguera.