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La Generalitat de Catalunya impulsará la instalación de sensores en la industria química para «poder realizar una detección automática de la calidad del aire» en caso de explosión y «no tener que enviar trabajadores en el foco del accidente para saber qué pasa y qué tipo de materiales se están quemando». Esta es una de las primeras medidas que el Govern prevé llevar a cabo a corto plazo para garantizar la seguridad del complejo petroquímico de la ciudad, según indicó ayer el conseller de l’Interior, Miquel Buch (Junts per Catalunya) en sede parlamentaria.
Durante la sesión de control –en la que la explosión en Iqoxe fue la gran protagonista, con un total de cuatro preguntas al ejecutivo de Quim Torra–, el conseller anunció que «lo primero que haremos será volver al Pla d’Ermergències Químiques específico para Tarragona, el Plaseqta», ya que «la petroquímica de Tarragona tiene una singularidad propia y la gente del territorio debe tener más información, más actualizada y puntual porque también son competentes en esto».
A preguntas y críticas de los diputados Matías Alonso (Cs), Carles Castillo (PSC) y Natàlia Sànchez (CUP), el representante del ejecutivo autonómico expuso que «es necesario realizar un debate sobre el uso y la activación de las sirenas», y reconoció que «quizás debemos cambiar de estrategia». En este sentido, el político neoconvergente exige al Gobierno Central «que no espere a que la Unión Europea le obligue a activar un servicio de advertencias de emergencias por teléfono móvil en el año 2022, sino que debe hacerse ya».
Buch también recordó que la próxima semana se aprobará la creación de una comisión de estudio, que está previsto que se ponga en marcha en marzo para tener el informe y las conclusiones definitivas antes de la próxima convocatoria electoral.
«Consecuencias penales»
De forma pararela, el otro conseller que ayer habló sobre la explosión de Iqoxe fue el de Treball, Afers Sociales i Família, Chakir El Homrani (ERC), quien destacó a raíz de una pregunta de la diputada tarraconense Raquel Sans (ERC) que su departamento está trabajando actualmente en «tres líneas»: personarse como acusación popular en el caso; abrir una mesa de diálogo con sindicatos y patronal del sector petroquímico para revisar sistemas de salud y prevención de riesgos; y la inspección.
El titular de la cartera subrayó, asimismo, que Inspecció de Treball «está actuando» para «conocer las causas del accidente» del pasado 14 de enero y avanzó, asimismo, que esta investigación «podrá derivar en sanciones graves y consecuencias penales en función de sus resultados» para representantes de la compañía. Asimismo, el representante de la formación republicana enfatizó que «ningún trabajo vale una vida humana», a la vez que garantizó que el Govern de la Generalitat «irá hasta el fondo en este asunto».
