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La explosión mortal de Iqoxe de hace 437 días sigue provocando tsunamis en la ciudad. Ahora políticos. ¿El motivo? El inesperado plante del delegado del Govern en el Camp de Tarragona, Òscar Peris (ERC), para participar en el pleno municipal monográfico previsto para esta mañana –de forma telemática– en el Ayuntamiento de Tarragona sobre la seguridad en la industria química, que ha sido convocado a raíz del accidente que el 14 de enero de 2020 acabó con la vida de tres personas.
La postura del máximo representante autonómico en la demarcación, que ayer evitó realizar manifestaciones públicas al respecto pese a participar en una rueda de prensa convocada por el propio Govern, ha sido recibida con un rotundo rechazo por parte de partidos, entidades y sindicatos, especialmente desde la UGT. «Nos vemos obligados a exigir su inmediata dimisión. Esta decisión es la gota que colma el vaso, ya que ningunea a partidos y entidades», indicó ayer el secretario general del sindicato en el Camp de Tarragona, Joan Llort. El líder de la UGT considera que la ausencia de la Generalitat en la sesión de hoy «es una vergüenza», y recalca que «ya es la tercera vez» que chocan con Peris. «La primera fue por el incumplimiento con la instalación de los sensores químicos; la segunda por la paralización de la negociación sobre seguridad con la patronal química; y, la tercera, la negativa de ahora», reitera Llort.
En la misma línea se expresan desde CCOO. «Lo encontramos muy mal, es una falta de intenciones por parte de la Generalitat. Si queremos encontrar soluciones para el polígono petroquímico, es necesaria una acción coordinada del Govern de la Generalitat, que tiene competencias de forma casi plena en todas las materias que influyen y, por tanto, a asumir su responsabilidad», afirma la secretaria general, Mercè Puig, quien detalla que «no participar en este acto es una irresponsabilidad. Nosotros asistiremos: primero porque quien nos ha convocado es el Ayuntamiento; y, segundo, por la importancia del tema».
Bonavista duda si participar
De manera contundente se expresa también la presidenta de la Asociación de Vecinos de Bonavista, Loli Gutiérrez. «No puede ser que el delegado del Govern no venga. Si no lo hace, lo que tiene que hacer el alcalde es anular el pleno. Ricomà no puede dejar que se trate así a la ciudad», afirma la representante vecinal, quien añade que «en estos momentos –ayer– aún no sabemos si tomaremos parte de la sesión». La representante de la entidad de Ponent recuerda que «hace 14 meses que nos sentimos desemparados, sin ninguna información por parte de la Generalitat sobre lo que ocurrió. Tenemos muchas preguntas que hacer al delegado, ya que desde entonces tenemos miedo y sentimos muy cerca el peligro» afirma Gutiérrez, quien recuerda que «desde que sucedió la explosión no se ha llevado a cabo ni un solo simulacro de las sirenas del Plaseqta». Asimismo, la entidad de Bonavista exige «un calendario claro para la instalación de los sensores químicos, ya que ahora no sabemos nada».
Las palabras de la entidad vecinal de Bonavista son compartidas por el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Alfonso López. «Que Peris no venga es una falta de respeto hacia las personas implicadas, otro descaro a la ciudad por parte de la Generalitat, que aún no tiene ni fecha para poner los sensores», considera el máximo representante vecinal, quien añade que «el pleno debe hacerse por respeto a la gente que lleva tiempo preparándolo».
El PP pide suspenderlo
Paralelamente, ayer por la mañana el grupo municipal del PP registró una petición en Alcaldia para suspender el pleno previsto para hoy, a partir de las 9 horas. La formación liderada por José Luis Martín propuso posponer la sesión, debido a que «no se celebrará en las condiciones acordadas», por lo que apostaba por «aplazarlo a otro día en que la Generalitat pueda asistir». Pese a ello, a última hora del mediodía Alcaldia respondió al Partido Popular de que la sesión «se mantiene a la hora acordada». A raíz de ello, los populares anunciaron que no participarán de la sesión para «no tomar parte de la enésima humillación a Tarragona».
La petición del PP fue apoyada por la concejal no adscrita Sonia Orts, quien lamenta que la negativa de la Generalitat «es un insulto para la ciudad». Pese a ello, ningún otro partido tiene previsto plantar al pleno monográfico.
Quien se mojó ayer contra el Govern fue la portavoz de En Comú Podem, Carla Aguilar, quien calificó la postura del delegado Òscar Peris como de un «menosprecio» hacia «el Ayuntamiento, las entidades y los sindicatos», a la vez que acusó al representante autonómico de «dar excusas de mal pagador», por lo que le exige que dé marcha atrás en una decisión que ha sido criticada por tierra, mar y aire.
