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El Ayuntamiento de Tarragona quiere iniciar este mandato el Plan Lletres. Según ha podido saber el Diari, el Consistorio dará en breve los primeros pasos para encontrar una salida definitiva al antiguo edificio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y ejecutar, de esta forma, las directrices que se especifican en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que entró en vigor en agosto de 2013.
En el documento urbanístico se define ese espacio como Pla de Millora Urbana 36 y se indica que el objetivo de la actuación es el de «calificar los terrenos para la construcción de unas nuevas dependencias municipales y obtener recursos para su financiación». En ese sentido, se remarca que la densidad de edificación permitida es de 200 viviendas por hectárea, una circunstancia que, teniendo en cuenta que la superficie del sector es de 6.700 metros cuadrados, permitiría que se levantaran 134 viviendas mediante la construcción de dos inmuebles en la parte más cercana a la calle Sant Antoni Maria Claret: uno para viviendas y otro para oficinas administrativas. El terreno destinado a residencias, propiedad de la corporación local, sería vendido para obtener recursos para poder pagar el edificio administrativo, que no está claro aún que sea ocupado por el Consistorio u otra corporación pública.
Vivienda pública y ocio
En la ficha que aparece en el Plan General se remarca que la calificación de los terrenos hasta la entrada en vigor del nuevo POUM era de «titularidad pública municipal de carácter supramunicipal, educativo», si bien se añade que «el traslado de la URV ha motivado el replanteamiento del uso de los terrenos». El texto urbanístico especifica que, ahora, «se pretende que se destine a equipamiento administrativo municipal, reservando parte del techo a uso residencial para poder financiar las nuevas dependencias».
En la ficha se indica que el 70% de las edificaciones (90) serán de renta libre, mientras que el 20% (27) serán de vivienda de protección oficial y el 10% (13) de precio concertado. Asimismo, pese a que los usos principales deben destinarse a oficinas municipales y a pisos, también se permiten otros usos, como el «hotelero, comercial, oficinas, restauración, ocio y recreativo musical».
Asimismo, el plan de mejora urbana incluido en el POUM también contempla que se ejecute otra de las actuaciones que están planteadas desde hace años y que aún no se ha podido tirar hacia adelante, como es «abrir y urbanizar completamente la prolongación de la calle Santa Joaquima de Vedruna», según se afirma en el texto. De esta forma, la vía enlazaría directamente con Estanislau Figueras.
Opciones para los inquilinos
El concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC), reivindica que se ejecuten las directrices urbanísticas de la ciudad previstas en la nueva ordenación, ya que «debemos creernos lo que dice en POUM». En esta línea, afirma que la operación económica «sería muy positiva para las arcas municipales en caso de que se puedan tirar hacia adelante», a la vez que no vería complicado derribar los actuales inmuebles, ya que «sólo tienen una mínima catalogación».
La ejecución de lo previsto en el POUM no será una realidad a corto plazo, pero de momento el Consistorio ya ha decidido «no dar más espacios» a las entidades en ese emplazamiento, según indica Milà. De hecho, el concejal ya ha solicitado un listado de las entidades que están en el emplazamiento de la Plaça Imperial Tarraco para estudiar alternativas. Asimismo, no se descarta que, una vez hechas las obras, los ocupantes puedan volver a contar con espacios en el recinto. De hecho, cuando el Consistorio empezó a alquilar espacios en la Plaça Imperial Tarraco, el plazo previsto para su estancia era para «dos o tres años», según se indicó en su momento. Pese a ello, la crisis económica y la imposibilidad de poder financiar la operación urbanística ha retrasado este calendario, que se espera que pueda dar algún paso a lo largo de este mandato, que finalizará a mediados de 2019.
«Tenemos una presión brutal de entidades que reclaman espacios. Esto es un problema, ya que el recinto debe destinarse a lo que está previsto en el POUM» resalta Josep Maria Milà, quien considera que «el principal inconveniente es el instituto, que la Generalitat debería construirlo en Tarragona 2».
