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La apertura de las piscinas comunitarias desata el conflicto entre vecinos

Para abrir este año hará falta un presupuesto adicional para la limpieza y desinfección. La normativa cambia continuamente y la situación enfrenta a los que quieren abrir y los que no

NORIÁN MUÑOZ

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Algunas comunidades de propietarios han optado por pintar en el césped los sitios para cada usuario de la piscina. FOTO: PERE FERRÉ

Algunas comunidades de propietarios han optado por pintar en el césped los sitios para cada usuario de la piscina. FOTO: PERE FERRÉ

La imagen habría sido impensable otros veranos, pero este año comienza a ser cada vez más común: piscinas con recuadros pintados en el césped delimitando el espacio en el que se puede colocar cada vecino con su toalla y demás objetos; carteles anunciando hasta cuántas personas puede haber a la vez en el agua; advertencias de que no se pueden llevar invitados; encuestas para saber la hora a la que cada uno va a bajar a darse el chapuzón...

Este es el aspecto que lucen muchas piscinas comunitarias en esta época de la covid. Pero solo en el caso de que estén abiertas, porque también es cierto que algunas ya han tomado la decisión de no abrir este verano.

Pedro es el presidente de una pequeña comunidad de vecinos de un conjunto de 22 casas en un municipio de la costa y la piscina que comparten se ha convertido en el último foco de conflictos. Algunos están en contra de reabrirla por razones de salud, porque han estado afectados por la enfermedad, mientras que otros presionan para que se abra porque alquilan sus casas en verano y, sin piscina, no tienen el mismo atractivo.

Todo sin contar el tema de los costes de limpieza y desinfección frecuentes, lo que supone un sobrecoste que no sabe si todos estarían dispuestos a asumir. Además, las empresas de mantenimiento y jardinería con que ha contactado le dan precios que le parecen desorbitados, o simplemente le dicen que son incapaces de asumir el trabajo porque «están a tope».

Al final le han dicho que el hecho de abrir o no está en su mano, pero es una decisión que no le gustaría tomar solo porque le enfrentará a los vecinos que no salgan beneficiados. El problema, apunta, es que ahora mismo no es posible celebrar una reunión presencial para llegar a un acuerdo. De hecho, ayer se publicaba una orden de la Generalitat de Catalunya que suspende las reuniones presenciales de las comunidades de propietarios hasta el 30 de abril de 2021.

Un dolor de cabeza

Fabián Huguet, presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, reconoce que el asunto de la apertura o no de las piscinas comunitarias se ha convertido en el motivo de entre el 80% y el 90% de las consultas estas semanas.

Las cosas, no obstante, cambian en cuestión de días, hasta que la semana pasada la Generalitat de Catalunya aprobó una resolución sobre las piscinas recreativas. Lo que han hecho ha sido interpretarla para adaptarla a las comunitarias porque, sobre estas últimas, no hay una norma específica.

Hasta la aparición de esta resolución, la apertura era inviable para muchas comunidades por el gasto que suponía no solo aumentar las labores de limpieza (algo que se deberá hacer ahora igualmente), sino la contratación de personal para controlar los accesos y la cita previa que, hasta entonces, era obligatoria. Para algunas comunidades pequeñas el gasto era muy alto, mientras que para otras más grandes el problema era que «a un propietario podía tocarle bañarse dos horas cada quince días».

Pese a todo, algunas piscinas ya abrieron en la fase 2 del desconfinamiento contratando especialmente personal para vigilar y cumplir con las normas, pero Huguet considera que en la demarcación no serían más del 10%.

Comenzaron a comercializarse entonces aplicaciones para comunidades tanto para controlar aforos haciendo recuentos en tiempo real, como para organizar los turnos rotatorios o pedir hora.

Sonia Gracia Curiel, administradora de fincas de Cambrils, explica que la resolución de la Generalitat, aunque no hable especialmente de las piscinas comunitarias, ha venido a flexibilizar las normas, lo que ha hecho que más comunidades se planteen abrir. En este sentido, recuerda que en momentos así es cuando se nota la importancia de contratar administradores colegiados que estén al día en la cambiante normativa.

A diferencia de lo que se pedía en la fase 2, ahora no es expresamente necesario tener a alguien que controle los accesos a la piscina y, aunque hay todo un protocolo de limpieza y desinfección que debe cumplirse, las normas de aforo también se han relajado: «El aforo vendrá marcado por la distancia de seguridad entre usuarios, que es de 1,5 metros y que implica una superficie de 2,5 metros cuadrados por persona en el césped y 6 metros cuadrados en el agua», explica.

Así pues, cada comunidad ha optado por medidas diferentes. Algunas tienen conserje que se encarga de hacer la limpieza, mientras que otras han tenido que contratar más horas de limpieza con los servicios que ya tenían o contratar nuevos.

En general, para controlar el aforo, lo que se está haciendo es apelar a la responsabilidad y solidaridad individual. En una comunidad de propietarios de Tarragona en la circular que se ha hecho llegar a los vecinos se especificaba que «el uso irresponsable, una vez estudiadas las alternativas existentes para su cumplimiento, se podría valorar la contratación de personal para que vele y haga cumplir el control de las instalaciones y que podría alcanzar 3.000 euros mensuales que se tendrían que afrontar entre todos los propietarios o bien se procederá a la clausura de las instalaciones».

Otras comunidades consultadas también cifran en torno a los 3.000 euros mensuales la contratación de personal para la vigilancia y control de aforo.

Gracia Curiel, quien reconoce que el asunto ha sido un dolor de cabeza, explica que, hasta ahora, el retraso en la llegada del calor y la imposibilidad de viajar entre provincias han beneficiado para que no se presenten muchos conflictos por el aforo, pero habrá que ver qué pasa en los meses de julio y agosto.

En caso de incumplimiento, aunque no hay normas específicas al respecto, Huguet considera que lo más probable es que las sanciones sean más bien para las personas infractoras que no para las comunidades si éstas se han encargado de informar correctamente de las normas de uso.

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