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La aprobación del trámite inicial para la aprobación de las normas transitorias urbanísticas está ahora mismo en el aire. El Ejecutivo local lo ha incluido en el pleno extraordinario del viernes. No obstante, ahora mismo está en entredicho que el Gobierno sume la mayoría absoluta necesaria para que siga adelante este paso.
La tormenta se ha desatado a raíz de la Comissió Informativa de Territori, que se celebró el lunes. En esta se puso de manifiesto que «intervención no ha tenido tiempo de pronunciarse porque les habían entregado el informe tres días antes y dijeron que no podían opinar». Así lo expuso la concejal del PSC, Begoña Floria, quien ayer mismo presentó una petición al Ayuntamiento para que retirara este punto del orden del día y se convocara un nuevo pleno de cara a la semana que viene, para dar el tiempo suficiente para estudiar la documentación. «Intervención debe poder pronunciarse, ya que sin este informe se genera inseguridad jurídica», añadía.
El resto de partidos de la oposición también se sumaron a la tesis socialista, incluyendo la representante de En Comú Podem, Carla Aguilar, quien afirmó que debía «revisar» toda la documentación ya que «las normas son un tema de ciudad trascendental». A pesar de que aún no tenía decidida la dirección de su voto, Aguilar aseguró que «queremos que se vote con toda la seguridad jurídica necesaria, ya que si no la hay podría volver a retrasarse el proceso».
Ante la posibilidad de volver a quedarse en minoría en una votación en el pleno, ayer por la tarde comparecía el concejal de Territori, Xavier Puig, para manifestar que el Gobierno no retiraría este punto de la votación. «No hay motivos objetivos para demorar la aprobación. Si el cuestionamiento tuviera un fundamento importante, no nos correría prisa, pero el trabajo está bien hecho».
El Equipo de Gobierno formado por ERC, Junts per Tarragona, la CUP y el concejal no adscrito Hermán Pinedo, quiere obtener luz verde por parte del pleno para que este punto pueda ser incluido en la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya de la semana que viene. «O se hace el viernes o ya no entra», afirmó Puig. Y, en este sentido, Territori se reunía ayer con el secretario del Ayuntamiento e intervención, para aclarar las dudas planteadas. El edil republicano manifestó que «la solución la hemos hecho deprisa, con la máxima eficiencia y trabajando al máximo para que la ciudad no tenga que esperar un año si puede esperar medio».
Una segunda comisión
Puig apuntó que el informe de intervención «no era desfavorable, pero tenía algunas observaciones». Por lo que se ha hecho un segundo informe «clarificador» puntualizando los puntos que suscitaban estas dudas. En este sentido, los servicios jurídicos del Ayuntamiento han hecho un informe «donde explican que no hace falta un estudio de sostenibilidad económica para las normas urbanísticas ya que decaen todos los planes parciales y, por tanto, no puede hacerse un cálculo de ingresos». En su lugar, cada vez que se desarrolle un sector deberá hacerse de forma individual. En cuanto al segundo factor de confusión, el que hace referencia a la lista de infraestructuras que debería asumir el Ayuntamiento o no, justificó que «están allí porque lo que estamos haciendo es una fotografía del POUM de 2013». Se habría resuelto añadiendo un anexo en el documento «para que se entienda que no es un imperativo sino una disposición».
«Con esta clarificación que había, creo que vamos con todas las garantías para aprobar estas normas», apuntaba Puig, quien, por otro lado, sostiene que «esto es un borrador que quiere facilitar el trabajo a la Generalitat, para que tenga un punto de partida. Pero, en todo caso, deberá ser este organismo quien, si lo considera oportuno, deberá enmendar las normas». El Ejecutivo ha intensificado los contactos para no paralizar la tramitación y ha convocado una segunda comisión para mañana. Y es que la intención es que las normas urbanísticas puedan aprobarse definitivamente «entre septiembre y octubre».
