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«El Gobierno me ha dejado tirado. El verano pasado se llenaron la boca presentando el Ingreso Mínimo Vital, pero no conozco a nadie que lo esté cobrando». El testimonio de este reusense (que prefiere mantener su nombre en el anonimato) muestra la cara más amarga del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presentó a bombo y platillo el verano pasado ideada para personas en situación de carencia de recursos.
Este caso es uno de los 7.414 expedientes que han sido denegados en la provincia de Tarragona, de un total de 11.130 presentados. Del resto, 1.741 han sido aprobados y 1.942 están pendientes de subsanación de errores. Las cifras hablan por sí solas: aunque el pasado mes de diciembre había en la provincia de Tarragona 5.675 personas que se beneficiaban de este Ingreso Mínimo Vital, la realidad es que solamente se han aprobado el 15% de las solicitudes presentadas.
El caso de este hombre resume el drama que viven muchas familias por la falta de ingresos económicos. Está sin trabajo, vive de los 656 euros que recibe de la Renda Garantida de Ciutadania (de la Generalitat de Catalunya) y en junio será desahuciado porque debe varias mensualidades del alquiler del piso.
A mediados de diciembre, la Seguridad Social informaba que el Ingreso Mínimo Vital llegaba en España a más de 460.000 personas, de las que casi la mitad eran menores. Pero, tal y como ocurre en la provincia de Tarragona, estos números no enmascaran la otra realidad: de los 807.914 expedientes tramitados solamente se han aprobado 159.482.
Los primeros días en que se comenzaron a aceptar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, M. D., de 53 años y en paro desde hace tres, rellenó los formularios. Todavía espera por la respuesta. En diciembre llamó y le dijeron que no volviera a solicitarlo. «Yo espero que alguien me conteste pero mientras tanto me puedo morir de hambre o perder mi casa», asegura M. D., uno de los 347.000 casos que siguen sin una notificación por parte del Gobierno. Como él está el 30% de los que han sido solicitados, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios. De los que sí han obtenido una respuesta, tres de cada cuatro han sido rechazados y sólo se ha visto favorecido el 1,2% de la población española, según se desprende de los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Menos cobertura
El Ingreso Mínimo Vital ofrece menos cobertura que el sistema de rentas mínimas que ha desplazado, asegura la asociación de directores sociales. «El mayor avance en protección social de los últimos tres lustros se desangra por procedimientos complejos y una errática gestión, abocando al abandono a los 12 millones de personas que malviven en la pobreza y poniendo en riesgo la cohesión social», asegura José Manuel Ramírez, presidente de esta organización, quien calcula que cada caso sin respuesta puede afectar a unas tres personas. «Más de un millón de solicitantes que están atrapados en la telaraña de la burocracia y el sinsentido de farragosos procedimientos. El síntoma más evidente son las colas del hambre que ponen en evidencia un nuevo fracaso de las políticas públicas y la justicia social».
Para M. D., «el Ingreso Mínimo Vital es un engaño, para tener a la gente más tranquila». En efecto, su alcance real ha sido limitado en sus primeros nueve meses de existencia. De las personas que viven bajo el umbral de pobreza en España, sólo el 6,4% se beneficia de esta ayuda que sólo ha ejecutado el 40% de su presupuesto anual (920 millones de euros de los 3.000 millones previstos), denuncia esta asociación dedicada a la dependencia y los servicios sociales.
Las denegaciones se producen cuando el solicitante no cumple con el «criterio de vulnerabilidad», según la versión oficial, por superar en renta o patrimonio lo mínimo fijado, aunque los ingresos que se valoran son los de 2019, antes de la pandemia. De esta manera se ha excluido al 20% de aquellos que sí percibían ayudas por el sistema de rentas mínimas.
Una décima parte es rechazada por no acreditar la unidad de convivencia.
Sin embargo, los críticos señalan que el problema de fondo está en la complejidad del procedimiento de solicitud.
D., de profesión carpintero, que perdió su empleo con una de las sacudidas del sector inmobiliario, saca sus cuentas: «Percibo 426 euros de paro, lo que se paga de letra del piso. Una vez que lo pago, me alimento del aire, de las ramas de los árboles. Llevo arrastrando atrasos, también de la comunidad». Tuvo que engancharse a la luz por falta de pago y sabe que también podrían cortarle el agua. «No iba a dejar a mis hijas sin luz», se justifica quien ha intentado obtener la ayuda de su ayuntamiento, sin éxito, y acude a diferentes programas de Cruz Roja. «No soy ningún caradura».
¿El programa bandera de igualdad económica del Gobierno de coalición ha fracasado antes de ponerse en marcha? «Urge abandonar la vía de las modificaciones siempre parciales y cortoplacistas producidas vía Real Decreto», dice Ramírez. «Hay que enmendar el diseño en cuanto a cobertura de determinadas situaciones y, sobre todo, en cuanto a los procedimientos y requisitos para la concesión y el posterior seguimiento, de las ayudas».
Hoy M. D. ha cocinado un «bote de alimentos de la iglesia con un poco de bacalao desmigado y he hecho espinacas». Mañana, dice, tocará espaguetis. «Comprar fruta y comer sano cuesta muy caro». Su hija de 21 años no encuentra trabajo, y la de 14, estudia. «Veo el futuro muy negro, pido ayuda por todos los sitios. Pero yo lo que quiero es un trabajo», sentencia.
