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Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), han propuesto para los presos condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad.
Lo ha explicado este miércoles el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó, que ha precisado que ahora el Servicio de Clasificación tiene dos meses para estudiar la propuesta y ratificarla.
Calderó ha admitido que en el seno de las juntas de tratamiento de las cárceles, que se han reunido de forma simultánea este miércoles a las 9 horas, ha habido un "intenso debate" sobre si clasificar en segundo o tercer grado -el régimen de semilibertad-, el que reclamaban los propios presos.
Sin embargo, ha rechazado dar el resultado de las votaciones porque son de un órgano colegiado, y ha reiterado que en los tres centros se ha producido una votación en que ha salido el segundo grado por mayoría.
Es la misma propuesta para el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (natural de Xerta), el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Permisos a partir de enero de 2020
Con esta clasificación, no podrán pedir permisos antes de cumplir un cuarto de tiempo de la pena, lo que supone como pronto a finales de enero para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los que llevan más tiempo en prisión preventiva.
Además, para poder pedir permisos es necesario que antes el Servicio de Clasificación hayan ratificado el segundo grado, una decisión que Calderó ha confiado en que será "ágil", pero que necesita un tiempo para trabajar este tema de forma individualizada.
Flexibilización
Sobre la aplicación del artículo 100.2 que permite flexibilizar el régimen penitenciario y salir de la cárcel para trabajar, Calderó ha dicho que hay que esperar a que se confirme la clasificación antes de plantearlo, que entonces dependerá de cada junta de tratamiento y del programa individual de tratamiento de cada preso si se plantea, y que es un artículo que no hay plazo para poder decidir aplicarlo.
El artículo 100.2, ha indicado Calderó "es una posibilidad de trabajo más" que tiene sobre la mesa el equipo de tratamiento al trabajar el programa individual de tratamiento, que se establece intentado consensuarlo con los presos
Este martes 11 de diciembre, las defensas de los dirigentes de ERC encarcelados ya previeron que se les aplicaría el segundo grado y anunciaron que lo recurrirían, y desde JxCat, su abogado, Jordi Pina, mostró el firme convencimiento de que la clasificación debería ser de tercer grado, un régimen de semilibertad.
Juntas de Tratamiento
Las juntas de tratamiento están formadas por diez profesionales entre juristas, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y maestros, y para formular la propuesta estudian y evalúan los informes elaborados por los equipos de los módulos de la prisión.
Para formular la propuesta, las juntas tienen en cuenta la pena impuesta, factores como la conducta, el nivel de adaptación, su red social y familiar, la capacidad de reinserción laboral, los antecedentes, el riesgo de reincidencia y el tiempo cumplido en preventiva.
Ahora han trasladado la propuesta al Servicio de Clasificación, que debe resolver la propuesta, y después se revisará la clasificación en un plazo máximo de medio año, y el secretario ha añadido que "son casos singulares que el sistema penitenciario no se ha encontrado nunca", por lo que la fundamentación deberá ser cuidadosa.
Calderó ha mostrado su confianza en el equipo de profesionales de las prisiones, ha pedido que se les deje hacer su trabajo, y ha afirmado que no permitirá que se cuestione su trabajo "con fines espurios".
La Generalitat no dicta sentencias
"Las penas las imponen los jueces, la Generalitat no dicta las sentencias sino que solo le corresponde ejecutarlas", ha recalcado, además de añadir que los Servicios Penitenciarios cumplen un mandato judicial.
Además, el secretario ha asegurado que él no incide en las decisiones que toma el Servicio de Clasificación pese a que depende de su Secretaría: "Mi cargo es de designación política. Tengo muy claro que ninguna convicción personal mía puede modificar ninguna sentencia de un tribunal".
Ha recordado que "la última palabra" sobre las clasificaciones las tiene el tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, y en el caso de los permisos o la aplicación de artículos como el 100.2, si fueran recurridos, terminarían en la Audiencia de Barcelona.
