La ciudad tiene 480 fincas exentas de pagar IBI por valor de cuatro millones

La ciudad tiene un total de 480 fincas que, actualmente, están exentas de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Tarragona, que es uno de los más elevados entre las capitales de provincia del Estado español. Así lo pone de relieve un informe municipal que revela que, en global, la corporación municipal deja de ingresar –anualmente– más de 3,9 millones de euros por este concepto.

El estudio de los responsables de la Plaça de la Font se ha llevado a cabo a raíz de una moción presentada por ICV en el pleno municipal del 16 de junio de 2017, y que se aprobó por unanimidad de las formaciones con representación municipal: PSC,  Ciutadans, ERC, PP, PDeCAT, CUP, Units per Avançar e ICV. En el documento se acordó «elaborar un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que estén sujetos a la exención del IBI», así como «evaluar el coste fiscal que suponen».  

Once en terreno ferroviario
En conjunto, el estudio cifra en  480 las fincas que, por uno u otro motivo, no deben pagar el tributo municipal. En global, el volumen de inmuebles supondría unos ingresos de casi cuatro millones de euros para el Consistorio. Pese a ello, cabe resaltar que 205 de las fincas son propiedad de la corporación municipal, y otras 52 son de otras administraciones públicas, como la Generalitat de Catalunya, la Autoritat Portuària o del Gobierno Central, entre las que también se incluyen 11 terrenos ocupados por lineas de ferrocarriles.

Así, las fincas municipales supondrían un pago de un millón de euros –que el Consistorio se realizaría a si mismo–, mientras que las propiedades de las otras corporaciones públicas subirían a unos 1,1 millones. Ello supone que sean 219 los inmuebles que, a la práctica, podrían abonar el impuesto al no ser de titularidad pública, y que cuyo pago ascendería a 1,7 millones.  

Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo mediante el cual se aprobó la Ley Reguladora de Haciendas Locals, están exentos de afrontar el pago del impuesto, aparte de las propiedades públicas, «los bienes de la Iglesia Católica, en los términos que prevé el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede, así como las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas». 

En este sentido, el trabajo elaborado por los funcionarios de la Plaça de la Font revela que son 130 los bienes de entidades religiosas que no deben pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que supone un total de 803.000 euros para las arcas municipales.

La legislación vigente también permite que la Creu Roja no deba ejecutar el tributo, un hecho que afecta en 9.400 euros al Consistorio, mientras que los centros educativos concertados también están libres del pago, lo que resta 572.000 euros a los ingresos del Ayuntamiento. Estos colegios cuentan a día de hoy con 41 fincas en el término municipal.  

Finalmente, el informe muestra que hay 52 inmuebles propiedad de entidades sin ánimo de lucro –como fundaciones, asociaciones de utilidad pública, ONG o federaciones deportivas– que, en su totalidad, dejan de pagar 646.000 euros. 

Sentís pide «reformas legislativas»
En la moción que Arga Sentís (ICV) presentó hace menos de dos años –y que contó con el OK de todos los grupos municipales– se puso sobre la mesa el hecho de que «los supuestos de exenciones son muy diversos, y se hace difícil encontrar un criterio común que los justifique». 

En esta linea, en el texto se lamentó que «solo en un caso la legislación prevé una compensación a los municipios por los ingresos que se dejan de percibir y que se queda sin capacidad de maniobra por lo que decide el legislador». El documento que pasó por el Saló de Plens añadió que «todas estas excepciones perjudican de manera injusta las arcas municipales». 

Ahora, la impulsora de la moción, Arga Sentís (ICV), considera que el informe elaborado por parte de los técnicos municipales es «necesario, y no solo por una cuestión básica de transparencia, sino también porque todos podamos valorar si las exenciones están o no justificadas desde el punto de vista del interés general». 

Asimismo, la representante de la formación ecosocialista añade que «no tiene ningún sentido que inmuebles que ahora cuentan con con un uso particular o una actividad económica no paguen el impuesto». Por todo ello, Sentís cree que «es evidente que hace falta una reforma legislativa, ya que algunas de las exenciones –como las de la iglesia o las de determinadas fundaciones– no parecen razonables ni justas».