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La concesión del Club de Vela caducó hace un año

La entidad afirma que se siente «ocupa» del espacio y teme por su futuro. La Generalitat quiere mandar un «mensaje de tranquilidad» y asegura que está en vía de resolverse

Núria Riu

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El Club de Vela Platja Llarga tiene a más de 400 asociados y realiza actividades de vela durante todo el año.  FOTO: Pere Ferré

El Club de Vela Platja Llarga tiene a más de 400 asociados y realiza actividades de vela durante todo el año. FOTO: Pere Ferré

Preocupación en el Club de Vela  Platja Llarga por la situación de «ilegalidad» que se está registrando desde hace casi un año. El 20 de mayo de 2018 finalizó el contrato para la concesión del espacio y, por el momento, no se ha firmado un nuevo convenio con la Generalitat de Catalunya.

El Club de Vela ocupa unos terrenos que forman parte del mismo paquete que la Ciutat Residencial. En el año 1982, cuando el Ministerio de Trabajo hizo la cesión a la Generalitat, la administración catalana cedió este dominio a la Federació Catalana de Vela. En aquellos momentos, el espacio, que inicialmente era una zona de duchas y vestuarios, empezó a funcionar como Club Marítimo de Tarragona.

La propiedad es de Patrimoni de la Generalitat. No obstante, según el contrato establecido, la Federació Catalana de Vela tenía el derecho tanto sobre la superficie de la playa como sobre el edificio del Iot. En el año 2012 se firmó un contrato para tres años, que posteriormente se renovó en 2015 y que a finales de mayo del año pasado caducó sin que se haya vuelto a renovar. «Siempre hemos estado en precario, ya que tan solo tenías la seguridad de los próximos tres años», apunta la gerente del Club de Vela, Herminia Hertea. 

Tras este periodo de contratos encadenados, finalmente en primavera del año pasado la Generalitat de Catalunya se ponía manos a la obra para redactar un plan especial que permita definir una utilización para las instalaciones de la Ciutat Residencial. Esto supuso que tanto el Tòful de Mar como el Iot tuvieran que abandonar el espacio que ocupaban, el pasado otoño. 

El Club de Vela se quedaba en esta situación de inseguridad jurídica. «Verbalmente nos han dicho que se iba a renovar la concesión y que en el nuevo contrato se incluiría una cláusula a partir de la cual tenía que hacerse un concurso público», afirma el presidente del club, Abel Perea. Pese a ello, el compromiso con la administración catalana de momento tan solo ha sido de forma oral y a día de hoy no ha llegado a recogerse en un documento. «Nos pueden decir de hoy para mañana que nos vayamos», asegura el tesorero de la entidad, Jordi Duch, quien afirma que «nos sentimos ocupas».

Un año y nada

En estas conversaciones con el Ayuntamiento y la Generalitat, el Club de Vela Platja Llarga siempre ha ido acompañado de la Federació Catalana de Vela, que es quien tiene el derecho sobre el espacio. «Estamos en stand by porque, aunque Patrimoni tiene la voluntad de resolver la problemática, llevamos más de un año persiguiéndolos y no hemos firmado nada», apunta Josep Seguer, gerente de la Federació Catalana de Vela. 

La entidad no está afectada por la Ley de Costas, que ha puesto en pie de guerra al sector

Seguer recuerda que este proceso se ha llevado a cabo de forma simultánea al de los restaurantes. «El club de vela no es un negocio, sino una entidad, social y deportiva, sin ánimo de lucro. Es un bien para esta disciplina, con más de 400 asociados», defiende. En este sentido, afirma que si la Generalitat quiere introducir la cláusula, para que la concesión sea a través de un concurso, «no tenemos ningún problema, siempre y cuando la actividad que se desarrolle sea un centro deportivo».

Unos 400 socios

El Club de Vela Platja Llarga cuenta con una superficie construida de 650 metros cuadrados, comprendida dentro de un dominio que en su totalidad suma 1.700 metros cuadrados de suelo. La entidad cuenta con 400 socios y tres trabajadores en plantilla. A esta última cifra hay que sumarle los 35 monitores que durante la temporada alta –que es de seis meses– organizan las diferentes actividades de vela en la Llarga.
Según Perea, esta situación de inseguridad jurídica hace que ahora mismo la entidad no pueda plantearse inversiones que permitan la mejora de las instalaciones. «Todo lo que podría hacerse en cuanto a más servicios para los barcos o de cara a la escuela lo tenemos detenido», aseguraba esta semana.

Por su parte, la Generalitat de Catalunya considera que esta situación «quedará regulada» cuando acabe de redactarse el plan especial de la Ciutat Residencial. Su redacción determinará qué puede hacerse con estas instalaciones y, de momento, «ha empezado a trabajarse». Pese a ello, su elaboración se prolongará aún algunos meses. Para ello, la administración catalana asegura que «mientras tanto va a hacerse un expediente de ocupación provisional, que ya se está tramitando».

La Federació Catalana de Vela defiende que este permiso provisional «generará tranquilidad». No obstante, Seguer considera que la solución definitiva debería ser segregar la finca y que se excluya del plan especial de la Ciutat Residencial. 

Un sector amenazado

La intranquilidad de los dirigentes del club tarraconense se produce en un momento en el que el sector de la vela está en pie de guerra por la nueva regulación que está preparando el Estado, a través de Costas. Por el momento ya ha caído el Club Nàutic de Cabrera de Mar y de Canet, mientras otras ocho organizaciones están en una situación de incertidumbre. Entre éstas se encuentra el Club Marítim de Torredembarra, que está a punto de cumplir cincuenta años y que ahora ve amenazada su continuidad. La ley, implantada en 2014, limita a 300 metros cuadrados la superficie edificada que pueden tener los clubs que se hallan fuera de los límites portuarios.

El Club de Vela Platja Llarga no está afectado por la nueva regulación. Las instalaciones no se encuentran en el dominio público y el hecho de que la finca forme parte de la Ciutat Residencial salva la continuidad del club tarraconense. «Si tuviéramos que reducir nuestra actividad a una cuarta parte, tal y como establece la nueva normativa, supondría la desaparición de la actividad», afirma Jordi Duch. Pese a ello, la entidad se solidariza con los clubs que están luchando en contra de una Ley de Costas que consideran que «mata la vela ligera en toda Catalunya»

La semana pasada tenía lugar en Barcelona la primera manifestación, en la que podía percibirse el malestar existente.

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