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La que ha comenzado esta medianoche es una de las campañas electorales más crispadas que se recuerdan. La derechización de los partidos de centro-derecha, la presencia de Vox, el proceso independentista, el juicio del 1-O... contribuyen a la tensión. Ayer mismo hubo incidentes en un acto electoral del PP de Barcelona.
Las propuestas a nivel estatal de los principales partidos reflejan esa polarización. A nivel local, al menos hay alguna coincidencia.
El punto común a los seis partidos que cuentan con representación en el Congreso por Tarragona (En Comú Podem, ERC, PSC, PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos) se centra en la defensa de unas infraestructuras dignas.
La prioridad para los candidatos por la demarcación es acabar de una vez el Corredor del Mediterráneo. Así lo expresa Sergio del Campo (Ciudadanos): «El Corredor Mediterráneo es una infraestructura estratégica para nuestro territorio. En el año 2017 pactamos con el Gobierno una inversión de 3.123 millones hasta 2025 en el Corredor Mediterráneo y esa será la hoja de ruta para nosotros si gobernamos o somos decisivos en los presupuestos del Estado».
La necesidad de que las mercancías pasen por el interior y no por la costa es otra idea repetida. Jordi Salvador (ERC) promete «seguir instando al Ministerio de Fomento para que apueste por hacer pasar las mercancías por el interior, con la creación de una plataforma viaria, posiblemente paralela a la actual vía del AVE entre Vila-seca y Castellbisbal, que elimine el impacto sobre la costa y las diversas poblaciones».
La finalización del túnel de Lilla para prolongar la A-27 es otra de las prioridades. «Hay que acabar el último tramo de los cinco tramos de la A-27 dando una solución óptima a la salida de mercancías (también las peligrosas) del Puerto hacia el interior de la Península», dice Jordi Roca (PP).
Socialistas y ERC asumen la reivindicación de las empresas químicas de contar con redes eléctricas cerradas, es decir, una conexión eléctrica propia que reduzca el coste energético. Joan Ruiz (PSC) cree imprescindible «asegurar el futuro laboral y la competitividad de los polígonos químicos de Tarragona desarrollando el reglamento para tener redes cerradas de energía».
La desaparición de los peajes y que la autovía A7 se prolongue está en la agenda de todos los partidos. Para Ferran Bel (el número 2 de Junts per Catalunya), resulta fundamental «la gratuidad de la autopista AP-7, así como la construcción de los tramos de la A-7 pendientes al norte y al sur de la demarcación». El número 1 es Josep Rull, que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo.
El aspirante de En Comú Podem, Ismael Cortes, que ha sustituido a Fèlix Alonso, quiere «solucionar de una manera equilibrada la alta siniestralidad de la N-340, potenciar la red ferroviaria de proximidad y descentralizar la gestión del aeropuerto de Reus».
Nucleares y «adoctrinamiento»
La necesidad de unas pensiones dignas también es compartida, pero aquí se acaban las coincidencias. En Comú Podem es la única formación que cita expresamente «garantizar el desmantelamiento de las centrales nucleares de Ascó-I y II y Vandellós-II».
PP y Ciudadanos cargan contra la Generalitat. Roca quiere «limitar los abusos y discriminaciones de la Generalitat contra la provincia de Tarragona en materia sanitaria, educativa, social, de infraestructuras…». Del Campo advierte que «nosotros no guardaremos en los cajones los informes de la Alta Inspección como han hecho PP y PSOE. Acabaremos con el adoctrinamiento en las escuelas de nuestro territorio».
