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La discoteca Bloomsbury, ubicada en la calle Major, cierra sus puertas durante tres semanas para mejorar el sistema de aislamiento acústico. Los propietarios han tomado esta decisión después de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona haya abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por una vecina por ruidos y molestias. La discoteca ya no abrirá sus puertas esta semana y volverá a la normalidad para Carnaval, el fin de semana del 1, 2 y 3 de marzo. Hasta entonces, una empresa se encargará de mejorar la acústica del recinto para no molestar más a los vecinos.
Los propietarios quieren dejar claro que la decisión de cerrar ha sido voluntaria, aunque el Ayuntamiento lo habría recomendado. «Nadie nos ha obligado a cerrar el negocio, pero queremos dejar de dar problemas a las personas que se puedan ver afectadas», asegura Isaac Esteban, uno de los propietarios del Bloomsbury. Los trabajos se centrarán en el techo de la discoteca y se alargarán por un período de tres semanas.
La situación de conflicto se arrastra desde el mes de septiembre de 2017, cuando abrió la discoteca. Los afectados se quejaban de que por la noche no podían dormir por el elevado volumen de la música que sonaba en el interior, además de la suciedad que generaba en la calle. Finalmente, una de las afectadas presentó una denuncia ante la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Tarragona.
Tal como avanzó el Diari hace unos días, el representante del Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación y ha solicitado un primer informe a la Guardia Civil sobre las características del local, las distancia y la altura, entre otras. También está previsto que se solicite un informe a la Generalitat por el tema del ruido.
Expediente sancionador
El Ayuntamiento también ha tomado cartas en el asunto y el pasado 4 de diciembre abrió un expediente sancionador a la empresa titular del negocio «por el incumplimiento del requerimiento del control periódico y de la adopción de medidas correctoras ordenadas por resolución de fecha 3 de octubre». En aquella fecha, el consistorio instó la empresa a adoptar dichas medidas y le daba un plazo de un mes para aportar en control periódico favorable de la actividad.
Pasaron las semanas y el pasado 27 de noviembre se le volvió a requerir, a la vez que se le recordaba que, de no hacerlo, se iniciaría un expediente sancionador. Tres meses más tarde, los propietarios deciden hacer obras para poder acreditar que la actividad es adecuada.
