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Tarragona Educación

La escuela concertada de Tarragona exige una financiación sostenible

La aportación pública resulta insuficiente para el mantenimiento de estos centros, obligados a cobrar a las familias diversas cuotas por diferentes servicios para poder salir adelante

DÁNEL ARZAMENDI BALERDI

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Los colegios reclaman una mejora de su modelo económico. FOTO: PERE FERRÉ

Los colegios reclaman una mejora de su modelo económico. FOTO: PERE FERRÉ

Coincidiendo con el arranque escolar, la Xarxa de Escoles Concertades se reunió la pasada semana en Lleida para reivindicar el papel de estos centros en el sistema educativo catalán, y para exigir una financiación justa y suficiente para estas instituciones de enseñanza. Esta última reivindicación constituye una vieja demanda del sector, cuya procedencia ha sido reconocida en diversas ocasiones desde diversos ámbitos.

El Informe del Síndic de Greuges de Catalunya de 2016 admitía que, «en algunos casos, el importe del concierto educativo puede resultar insuficiente para garantizar el funcionamiento ordinario del centro, y las aportaciones económicas de las familias se vuelven más necesarias». Por su parte, un año después, la entonces consellera de Ensenyament, Meritxell Ruiz, declaraba que «la educación en los centros concertados no es gratuita del todo, pues la Generalidad no paga el 100% de la escolarización, y por lo tanto, esto significa que las familias deben afrontar un pago».

Las familias denuncian que cada vez pagan más en la concertada

La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (FAPEL) y la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC), representantes mayoritarias en las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en los centros concertados de Catalunya, denuncian la "discriminación que supone para las familias la infrafinanciación" de este sector, y exigen poner fin a "la descalificación injustificada y demagógica contra nuestras escuelas".

Según los representantes de la escuela concertada, que este año acogerá a 364.753 alumnos catalanes, la infrafinanciación pública de estos colegios les obliga a buscar su sostenimiento a través de diferentes cuotas que cobran a las familias por la prestación de servicios añadidos: comedor, autobús, excursiones, etc. De hecho, esta necesidad de compensar indirectamente la falta de recursos públicos mediante cuotas a las familias perjudica comparativamente a estas escuelas, algunas de las cuales acaba cerrando por falta de alumnos. Algunos de estos centros, económicamente ahogados, acaban finalmente tirando la toalla y reconvirtiéndose en colegios públicos, como hizo la escuela Sant Vicenç de Paül, en el barrio barcelonés de Hostafrancs. Actualmente, la consellería de Ensenyament negocia con dieciséis centros concertados su transformación en públicos. Por si fuera poco, el propio conseller Josep Bargalló amenazó la semana pasada con retirar el concierto a las escuelas que cobrasen cuotas excesivamente altas.

¿Libertad de elección?

Gerardo Meneses, director del colegio Turó, sostiene que «los padres y las madres son los primeros educadores, y tienen derecho a disponer de una educación gratuita, y a escoger la escuela que quieren para sus hijos e hijas. En Catalunya la oferta es diversa, rica y plural, y permite que las familias puedan escoger la opción que deseen de acuerdo con el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el resto de cartas y manifiestos internacionales, y con las leyes españolas y catalanas». Aun así, la falta de recursos económicos está restringiendo este derecho de las familias. «Existen dificultades en la libertad de elección por insuficiencia de financiación, tanto en las escuelas de titularidad pública por la falta de recursos, como en las de iniciativa social por la falta de una financiación ajustada y justa. La LEC establece el 6% del PIB en educación para el 2019, una prioridad que no acaba siendo una realidad».

Según Meneses, no sólo no se están mejorando estas partidas, sino todo lo contrario. «La Administración está reduciendo, en términos generales, su aportación a la escuela concertada, contraviniendo el principio de gratuidad establecido en la LEC. Este hecho comporta necesariamente un incremento de las aportaciones que deben hacer las familias, perjudicando el principio de equidad en el acceso a la enseñanza». Pero la reivindicación no se limita a los aspectos económicos. «Por otro lado, se presenta a la escuela concertada como segregadora en comparación a la pública, cuando el compromiso con la inclusión legislada recientemente en el Decreto 150/2017 es una realidad en todo el sistema educativo catalán. Además, existe un desequilibrio de las escuelas concertadas respecto a la pública en cuanto a plantillas y ratio de profesores por aula. Y por último, nos encontramos con la falta de equiparación laboral y la discriminación salarial».

Por su parte, según Pablo Muñoz, director del colegio Sant Pau de Tarragona, las principales problemas que padece la escuela concertada en nuestro territorio pueden resumirse en cuatro puntos.

La partida sigue reduciéndose

«En primer lugar, la infrafinanciación sistemática del coste que supone cada plaza escolar, convirtiendo en económicamente insostenibles los centros concertados. Además, solventar esta infrafinanciación es la clave para solucionar la segregación que puede darse por recursos económicos familiares. En segundo, la infravaloración por parte de algunos sectores de la escuela pública, que nos ven como sus enemigos y cuestionan constantemente nuestra labor docente, pese a que los profesionales de la educación concertada trabajan más horas o cobran menos. En tercer lugar, la discriminación de la escuela concertada desde una ‘narrativa social’. Bajo el mantra ‘pública y de calidad’ parece darse a entender que la escuela concertada es todo lo contrario, cuando en realidad los datos de la concertada demuestran sus buenos resultados académicos, y el alto nivel en los proyectos de innovación pedagógica y en lenguas extranjeras. Por último, la falsedad sobre la necesidad de la escuela concertada, dando a entender que actualmente podemos prescindir de estos colegios, cuando esa afirmación es económicamente imposible. De hecho, si la escuela concertada cerrara, Tarragona tendría un problema para poder mantener el nivel educativo, la calidad y las plazas escolares». Por último, Muñoz destaca que tenemos «un sistema híbrido en favor de la libertad de elección de las familias y que fomenta la competitividad positiva en beneficio de la educación. El hecho de tener en la ciudad diferentes modelos (concertada -laica y religiosa- y pública) consigue que una familia pueda elegir un proyecto educativo diferente y diferenciado en línea con lo que quiera para su hija o hijo. A la vez, favorece, una lucha sana de las escuelas para poder dar la mejor garantía de calidad, innovación, y los mejores planes académicos y extracurriculares».

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