La historia de unos padres que luchan por recuperar a su hija

Rafael Castilla y Montserrat Virgili son unos padres desesperados. Hace aproximadamente un año que su hija no vive con ellos. La administración decidió que uno y otro no estaban capacitados para cuidar de la menor. Unos meses después, la familia ha presentado una demanda para pedir la nulidad de la resolución administrativa, que marcaba que su hija no podía vivir con ellos. El próximo 9 de octubre se celebrará el juicio. De momento, los padres comparten tres horas a la semana con su hija. Pero para ellos, este tiempo es insuficiente para continuar manteniendo el vínculo con su hija, ahora de casi dos años. 

Los hechos se remontan a la noche del 21 de septiembre de 2015. «Era la una de la madrugada y estaba con mi hija en un bar de Sant Pere i Sant Pau tomándome una Coca-cola. De repente, una mujer me dijo que si me iba de allí con mi hija, llamaría a la policía. Unos minutos después, llegó la Guàrdia Urbana y se llevaron a mi hija», relata Rafael Castilla, padre de la menor, quien añade que «no entendía nada». La niña ingresó en el centro de acogida Mare de Déu de la Mercè y, pocos días después, delegaron la guarda de la menor a una familia de urgencia. 

Según la administración, los progenitores consumían alcohol y habían protagonizado algún altercado en vías públicas, lo que «repercute gravemente en el desarrollo de la menor. Esto hace necesario una actuación urgente y provisional de protección». Así se contemplaba en la resolución administrativa. Por su lado, los padres de la menor aseguran que su hija se encontraba en perfecto estado y desmienten que tuvieran problemas con el alcohol. «Nos obligaron a reconocerlo, porqué nos amenazaron con no recuperar a nuestra hija. Nos sentimos coaccionados y firmamos esa declaración», explica el padre, Rafael Castilla. 

Por su parte, el abogado de la familia, Ferran Ollé, asegura que «lo más curioso del caso es que no existe ninguna minuta policial del día que la policía se llevó a la niña», y añade que «el único documento que se aporta es unas diligencias de un mes antes de suceder los hechos, que nada tienen que ver con la resolución. Supongo que se trata de un error. No hay nada que demuestre que los padres no están capacitados para cuidar de su hija». 

Dos horas a la semana

A partir del 21 de septiembre, empezó su calvario. «En noviembre de 2016, nos entregan un plan de mejoras que debemos seguir si queremos recuperar a nuestra «hija», explica la madre de la menor, Montserrat Virgili, quien asegura que «hemos hecho todo lo que nos han pedido. Hemos acreditado que tenemos trabajo, que somos inquilinos de una casa idílica para una menor y los informes médicos demuestran que no somos adictos a ninguna sustancia. ¿Qué más debemos hacer para que nos devuelvan a nuestra hija?», se pregunta Virgili. 

Hasta el pasado mes de febrero, los padres podían estar con la niña durante dos horas a la semana y en el interior de una habitación, con supervisión. Desde febrero, la familia puede estar con la menor sin ser supervisados. Y desde junio, cuentan con tres horas semanales para estar con la pequeña. Pero aseguran que no es suficiente «para mantener el vínculo con nuestra hija», explica el padre. Además, aseguran que desde hace unos meses, la administración no les está valorando y, por lo tanto, temen que el proceso se alargué. Es por esto que el abogado de la familia presentó un recurso «porqué la fecha del juicio no se atendía a un procedimiento de urgencia de estas características», explica el abogado, quien añade que «el juez nos dio la razón, pero reconoció que los juzgados estaban muy saturados». Toca esperar hasta el 9 de octubre. 

«Estamos esperanzados, pero sentimos impotencia. Puede ser que, en el pasado, cometiéramos algún error, pero hemos demostrado, con el plan de mejoras, que estamos perfectamente capacitados para cuidar de nuestra hija», asegura el padre de la menor. Rafael Castilla y Montserrat Virgili se emocionan al pensar cómo será su vida cuando recuperen a su hija. «Pediré unos días de fiesta para estar con ella», asegura Castilla.

‘Nos han coaccionado’

Los padres de la menor acusan al EAIA (Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència) de «coaccionarnos y maltratarnos». Por su parte, Rafael Castilla, el padre, asegura que «me obligaron a reconocer que tenía un problema, y no es verdad. Mi psicóloga me dice que estoy bien». Los padres añaden que, durante el año que ha durado el calvario, «nos han cambiado tres veces el equipo de profesionales. Parece que nos lo quieren poner muy difícil». La familia asegura que, cuando recuperen a su hija, pedirá explicaciones sobre el trato recibido por parte de la administración.