La incertidumbre jurídica paraliza el 60% de la venta de casas en Tarragona

Los efectos de la inseguridad jurídica a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las hipotecas ya se dejan notar de manera evidente en Tarragona. El ‘standby’ a la hora de decidir quién debe pagar el tributo ligado a estas operaciones se percibe, a la espera de que este próximo lunes, 5 de noviembre, el alto tribunal se pronuncie al respecto. 

Desde la delegación en Tarragona del Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris (API) se certifica la incidencia. «En estos momentos de inseguridad, se produce una situación de desconcierto. Si no es una necesidad, la gente prefiere aplazar las operaciones de venta», indica Joan Ramon Martorell, delegado de la entidad en la provincia. No supone una circunstancia de calado, sino más bien algo circunstancial. «Es algo lógico. Las operaciones que corrían peligro sí se han concretado, pero las que no eran urgentes no, se han aplazado todas», apunta Martorell, que añade: «Alrededor de un 60% de las operaciones de venta se han detenido». 

Mientras, las inmobiliarias tarraconenses se mantienen a la expectativa, sin notar por el momento demasiadas turbulencias. «Pedimos sobre todo que lo que se decida el día 5 tenga un sentido claro y no se convierta todo en una nebulosa», afirman desde una oficina en Tarragona. Diego Reyes, presidente de la asociación de promotores del Tarragonès, matiza: «No he notado parálisis pero, en todo caso, lo que está claro es que todo cambio genera incertidumbre pero no tiene por qué ser negativa. Hay que ser muy ingenuo para pensar que el banco va a asumir este tipo de coste sin repercutirlo por otro lado. A lo mejor lo que hay que hacer es replantearse este impuesto».

En esa vertiente inmobiliaria, al menos unas 8.000 operaciones hipotecarias se encuentran paralizadas en España. Es la advertencia lanzada por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), desde donde piden también «responsabilidad» a las entidades bancarias ante sus clientes. 

La organización «reclama a las entidades que actúen con responsabilidad ante su clientela, ya que, debido a esos aplazamientos, pueden llegar a incurrir en incumplimientos de los contratos de arras ya firmados», aseguran en un comunicado. Según sus cálculos, hasta 8.000 operaciones están paralizadas y es que, según la presidente de FAI, Nora García Donet, tras la incertidumbre generada por el fallo del Supremo, «la banca ha aplazado muchas de las firmas de hipotecas comprometidas para los próximos días, más de un tercio de las previstas». 

Otra de las derivadas tiene que ver con la justicia. La indecisión del Supremo sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario ha llevado a los juzgados de Tarragona a paralizar las sentencias sobre esta materia, a la espera del pleno el lunes. En la provincia, abogados y el propio Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) advierten de que existe un aplazamiento de la emisión de sentencias afectadas por la coyuntura. 

Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, señaló recientemente que la decisión del Supremo ha llevado a los tribunales catalanes de cláusulas suelo a posponer las sentencias. Una postura que Barrientos calificó de «prudente» y «razonable», ya que el esperado pleno del Supremo fijará la jurisprudencia. Barrientos, además, recalcó que la alarma creada es «comprensible» y reconoció que la decisión del Supremo puede provocar «un aluvión» de demandas.

¿Agravamiento del colapso?
En Tarragona, el Juzgado de Primera Instancia número 8 es el que está paralizando la emisión de sentencias que tienen que ver con la temática. Se han detenido, en concreto, las resoluciones de aquellos procedimientos que tenían que ver con el tributo de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el impuesto en revisión. Se trata, además, del tribunal que aglutina los casos de las cláusulas suelo, otro de esos aluviones de reclamaciones, que además están colapsando el sistema judicial. 

Algunas voces sostienen que se han aplazado firmas de hipotecas en las notarías de Tarragona. El Col·legi de Notaris de Catalunya informa de que «no hay incidencias remarcables más allá de alguna anulación, que se enmarca dentro de lo que sucede habitualmente, cuando se aplazan firmas por motivos muy diversos».  

Lo que sí se ha convertido en una práctica mayoritaria desde la semana pasada es el hecho de que los notarios están dejando constancia por escrito de la excepcionalidad y la provisionalidad del acuerdo. «El notario hace su función de asesoramiento, de informar a las partes. La mayoría de veces los bancos siguen colocando los impuestos a cuenta del cliente, aunque el notario especifica que la situación está supeditada a la decisión del Supremo y, en el caso de que pague el cliente, puede tener derecho a reclamar el importe», sostiene el Col·legi de Notaris. «Al final, las condiciones de un crédito hipotecario son un pacto entre banco y cliente. El notario simplemente prepara la escritura y revisa para que todo se ajuste a la legalidad», indica el Col·legi de Notaris, que añade: «Algunos notarios sí explican que hay clientes que negocian ahora y han alcanzado un acuerdo para que sea el banco el que pague el tributo».