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El plenario de esta mañana se pronunciará sobre el futuro de Mas d’en Sorder. Si no hay cambios de última hora, el Equipo de Gobierno, formado por Esquerra Republiana de Catalunya y En Comú Podem, contará con el apoyo de Junts per Tarragona y la Candidatura d’Unitat Popular, para llevar a cabo una suspensión temporal en la concesión de licencias. Las fuerzas contrarias al proyecto ganan doce meses de margen para llevar a cabo una modificación puntual del POUM, que puede acabar borrando esta futura zona residencial del mapa.
Se abre el melón de cara a una situación que el Ayuntamiento de Tarragona ha abordado en múltiples ocasiones. El Text Refòs del plan general ha experimentado múltiples cambios a raíz de su aprobación, en junio de 2013. Pese a ello, nunca se había dado en estas circunstancias. El plan parcial 43 se aprobó de forma definitiva por silencio administrativo, y sus promotores tan solo estaban a la espera de concretar el proyecto de urbanización y de reparcelación para iniciar las obras.
La empresa, Essentia Costa Daurada, lleva muchos años luchando contra los trámites burocráticos para tirar adelante el proyecto. Se basaba sobre una vieja iniciativa de la que empezó a hablarse en el año 1999, que pasaba por la habilitación de un hotel de lujo en la antigua masía de Mas d’en Sorder. Posteriormente, los propietarios de los terrenos recuperaron la iniciativa en el año 2015. En engranaje se ponía en marcha con una modificación puntual del POUM, ya que inicialmente su desarrollo estaba contemplado para el tercer sexenio y decidió avanzarse. Se hizo en base a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Tarragona y la empresa, que ha hecho cambios en la zona deportiva del golf en base a un proyecto que en su conjunto alcanza los 105 millones de inversión.
La primera parte corresponde a los cambios en los accesos, la apertura de caminos y la construcción de nuevos viales que se han hecho en las inmediaciones del campo de golf. Se trata de un conjunto de actuaciones que han permitido ampliar las instalaciones hasta alcanzar los 18 hoyos de golf y otros 18 de pitch&putt.
La segunda parte del proyecto es la que corresponde a la construcción de la zona de viviendas. Su construcción se prevé en una superficie de 15 hectáreas de las 47 que suma en su conjunto el plan. Su ubicación se prevé en la zona norte, contigua a la urbanización de Pinalbert, en El Catllar. En total se contempla la construcción de 238 viviendas, de alto standing, de las cuales 224 serán pisos y el resto casas unifamiliares. Esto supone una densidad del 0,1%.
La parte final
Los promotores ya habían iniciado la campaña publicitaria para poder iniciar la venta de estas viviendas. Y es que el desarrollo de esta segunda fase debía aportar una parte de los recursos para acometer la tercera pata del proyecto, que es la que hace referencia a la construcción del hotel. Essentia Costa Daurada preveía la recuperación y rehabilitación arquitectónica del antiguo edificio, catalogado como Bé d’Interès Cultural Nacional, por parte de la Generalitat, y que ahora sufre importantes daños estructurales. En su interior se han registrado varios desprendimientos de algunas partes del viejo edificio, mientras que a lo largo de tantos años de abandono ha sido ocupado en reiteradas ocasiones, como así puede constatarse.
El hotel supone la guinda del pastel de un proyecto que se diseñó pensando en la posibilidad de explorar el nicho del turismo deportivo. Y, en este caso, directamente vinculado a la práctica del golf. La empresa en ningún momento ha dado los detalles sobre la cifra de habitaciones o las características del nuevo establecimiento. La única información que ha trascendido hablaba de un negocio cuatro estrellas superior, con un spa anexo, que completaba la oferta hotelera de la ciudad a partir de un modelo muy singular, ahora inexistente.
Qué pasará con Mas d’en Sorder es una de las preguntas que deberá responder el Gobierno si finalmente prospera esta modificación en el POUM. Y es que, el Ayuntamiento no lo tendrá fácil si no quiere dejar perder este espacio y que no se acabe cayendo.
Con discreción
Mas d’en Sorder ha sido un proyecto que a los de Pau Ricomà se les atragantó desde un primer momento. Estuvo a punto de pasar por el pleno del 21 de febrero y al último momento se retiró del orden del día. La presión de las entidades ecologistas y de los partidos contrarios a esta iniciativa, consiguieron que el Gobierno vislumbrara que tenía una mayoría en el pleno, que le permitía emprender las acciones para poder frenarlo. Mientras tanto, la empresa promotora siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano. El Ejecutivo se ha aferrado en que este es un plan contrario al «urbanismo sostenible», que no responde al modelo de ciudad cohesionada que quiere impulsarse. Un argumentario que puntualizaron los propios técnicos municipales, que en la Comissió Informativa de Territori de la semana pasada certificaron que es una cuestión de «discrecionalidad» política. Y aquí, los promotores no pueden hacer nada. Durante la tramitación del plan se redactaron más de una treintena de informes, para garantizar aspectos relacionados con el medio ambiente, la accesibilidad o la movilidad generada. Toda esta documentación fue aprobada, en cada una de las fases de tramitación. Sin embargo, la mayoría que sumará el Gobierno puede dejar en agua de borrajas todo este trabajo.
Ahora, el debate está en si finalmente el Ayuntamiento deberá indemnizar a los promotores y cuánto costará. La cifra que podría reclamar la empresa oscila entre los cuatro y cinco millones de euros, ya que no tan solo se incluyen los gastos de la tramitación, sino que se suma la parte de la inversión que ya se ejecutó en la primera fase. La semana pasada la empresa mantenía abierta la puerta de llevar el caso a la justicia. Mientras tanto, crecen las voces que alertan sobre la situación que puede abrirse a partir de este caso. No tan solo hay el PSC, Cs y PP. El geógrafo y especialista en urbanismo, Robert Casadevall, escribía en su blog ‘Atlas en construcció’ un artículo sobre la suspensión de licencias de Mas d’en Sorder. El artículo dice: «Se aduce, por parte del gobierno municipal que, en no haberse desarrollado el plan parcial y, sobre todo, en no haber edificado y/o urbanizado nada, no hay derecho a indemnización, más allá de los costes del planeamiento ¿Seguro? Dejando de lado que estos costes pueden ser elevados -el planeamiento no es barato- no tengo claro que, en una eventual acción ante la justicia, no nos acabe saliendo más caro, a los tarraconenses (que somos los que pagaremos, está claro) si el tribunal entiende que poner en marcha este proceso de suspensión de licencias y modificación cuando la aprobación definitiva del plan parcial es tan reciente se pueda interpretar como un fraude de ley». Casadevall está vinculado a ERC.
