La juez denegó el registro de la sede de Iqoxe en Badajoz

Es donde se guarda la copia de seguridad de la información de la fábrica de La Canonja. Consideraba que primero se tenían que agotar las diligencias en la sede siniestrada

02 agosto 2020 07:20 | Actualizado a 02 agosto 2020 08:16
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La juez instructora –y después también la Audiencia Provincial– denegó la petición formulada por el fiscal –a instancias de los Mossos d’Esquadra– para registrar la sede en Badajoz de la empresa propietaria de Iqoxe, donde se almacena una copia de la información de la planta de La Canonja. Los investigadores consideraban que podía desaparecer información, mientras que la juez aseguraba que primero que se tenían que agotar todas las posibilidades en el municipio del Tarragonès.

Los Mossos d’Esquadra, durante su investigación, indicaron que para poder determinar las causas de la explosión del reactor U-3100 de la planta de Iqoxe en La Canonja era necesario acceder a la información relativa a la actividad de los sistemas de la fábrica y a las acciones realizadas por los responsables en los momentos previos, coetáneos y posteriores a la explosión. Pedían toda la información que pudiera estar almacenada en los sistemas informáticos de la empresa.

Duplicado

Los investigadores hablaron con el informático de Iqoxe, quien afirmó que una copia de dicho dispositivo se duplica automáticamente en otro equipo de la empresa situado en el domicilio social de Cristian Lay SA –la propietaria de Iqoxe-, situado en Jerez de los Caballeros, en Badajoz.

El fiscal hizo suya la petición de los Mossos d’Esquadra el 27 de enero de este año y así se lo hizo llegar a la juez instructora. Apuntaba que, de no acordarse el registro, había peligro de que la información desapareciera.

En el auto de apelación, la Sección Segunda de la Audiencia de Tarragona dice que no se han agotado todas las posibilidades para la averiguación de los hechos y de los responsables, «toda ves que la petición vendría determinada por la falta de hallazgo de la documentación en dichas sedes de la empresa –en La Canonja y El Prat de Llobregat–». El documento, añaden los magistrados, «se limita a explicar de manera genérica e imprecisa el resultado de los efectos y documentación intervenida en la entrada del 16 de enero». Tampoco se justifica debidamente por los Mossos la urgencia de la medida para evitar la pérdida de documentación o de qué manera pudiera frustrar la investigación, por cuando en aquellos momentos las diligencias seguían secretas.

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