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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Tarragona Milagros Nieto ve «indicios» de un posible delito de malversación por parte del exgerente de la Empresa Municipal de Transports (EMT) entre 2008 y 2016, Mario Cortés. Así lo pone de manifiesto en una providencia firmada el pasado 30 de marzo, en la que la juez se posicionó a favor de la apertura de juicio oral contra el exalto cargo del anterior gobierno liderado por el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC).
El caso se inició en 2016, cuando el grupo municipal de Ciutadans llevó ante la Fiscalía Provincial las posibles irregularidades en pagos con la tarjeta de la EMT desde 2013. Ahora, cuatro años después de presentar la documentación ante el Ministerio Público, la magistrada «sin perjuicio de una determinación fáctica más precisa que pueda efectuarse en la fase de acusación», considera que existen indicios de «malversación» para seguir con las diligencias, tras estudiar los informes realizados por los especialistas consultados desde que se inició la instrucción.
En su resolución, la juez pone de relieve que «existen pagos indebidos» por importe de 34.608,63 euros, entendiendo los mismos como «aquellos que, con la información aportada, no se han podido asignar a ningún proyecto de la EMT». Asimismo, Nieto añade en la providencia que «de estos pagos, un total de 6.230,73 euros no disponen de ningún documento que justifique el gasto, ya sea factura u otro documento soporte», de modo que «se estima que existen indicios racionales de criminalidad contra el investigado».
La cantidad no justificada documentalmente –6.230 euros– coincide con la que en junio de 2017 ya hizo pública una auditoría externa contratada por la Agrupació d’Interès Econòmic (AIE), que entonces aseguró que el 90% de los polémicos 63.000 euros en gastos denunciados en hoteles, viajes y restaurantes realizados a cargo de la responsabilidad del exalto dirigente entre 2013 y 2016 habían sido correctamente justificados.
Cs lo denunció en 2016
La pasada semana, a raíz de saber que el caso llegaría a juicio, el presidente de la EMT –Jordi Fortuny (ERC)– anunció que «nos personaremos como damnificados». Ayer, Sonia Orts (Cs) recordó que su formación fue quien denunció las irregularidades. «Hace cuatro años, ningún otro partido se sumó, cosa que nunca llegamos a comprender». La representante naranja añadió que «ahora seguimos pidiendo que este proceso siga su curso y que, si hubo algún delito, se lleven acabo las responsabilidades pertinentes». Orts resaltó, asimismo, que «solo pedimos a este gobierno que nos informe de cada paso».
Sandra Ramos, portavoz del PSC –partido que gobernaba cuando sucedieron los hechos–, recordó ayer que «la EMT está personada desde 2017 y las herramientas de control externo de las empresas están funcionando desde primer momento». Por lo tanto, «el actual gobierno no aporta nada nuevo a lo que ya se había hecho», y espera que «no haya ninguna tentación de aprovechamiento político sobre un tema que, desde el anterior mandato, se ha estado tratando con exquisita diligencia».
