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La luz y el gas suben un 12% y se sitúan en máximos históricos

La factura de los servicios básicos se ha encarecido seis veces más que el IPC este año. Sindicatos y consumidores critican el modelo actual y piden un Pacto de Estado para la Energía

Octavi Saumell

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El coste de la vida para los tarraconenses está en máximos históricos. A la ya habitual subida del precio de la vivienda, de la tasa de la basura o del recibo del IBI, durante las últimas semanas ha aparecido otro factor: se han disparado las facturas de la electricidad y del gas, cuyos servicios están por las nubes, con subidas anuales superiores al 12%. Esta circunstancia pone contra las cuerdas el día a día de las familias más vulnerables, que se ven cada vez con más dificultades para poder hacer frente a estos incrementos, más cuando la mayoría de los sueldos están congelados de hace años, el IPC no pasa del 2,3%, la tasa de paro sigue aún por encima del 15% y el acceso a la ayuda del bono social se hace prácticamente imposible.  

Según la federación de consumidores FACUA, el recibo de la electricidad se ha encarecido más de un 12% a lo largo del último año, un porcentaje que llega hasta el 85% si se compara con las facturas de hace 15 años. Así, el recibo medio se situó en septiembre en los 80,73 euros, una cifra notablemente superior a los 71,82 de 2017, o a los 68 euros de 2016. 

El análisis de FACUA pone de manifiesto que la parte fija de la factura se ha incrementado en quince años en un 152,8%. El precio de cada kW de potencia contratada ha pasado de los 1,73 euros/kW/mes de agosto de 2003 a 4,36 euros en agosto de 2018. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5% desde agosto de 2003. 

El gas se dispara

De forma paralela, Consumidores en Acción considera «desproporcionado» que, en sólo un año, el encarecimiento del gas natural en los hogares llegue a alcanzar el 15,5%, nada menos que siete veces el IPC. En la comercialización de gas natural existen dos tarifas reguladas: la TUR 1, destinada a usuarios que no superan los 5.000 kWh de consumo al año, y la TUR 2, para los que sobrepasan esa cantidad, que suelen ser hogares con agua caliente, cocina y calefacción con gas natural. Un usuario de la TUR 1 con un consumo de 400 kWh al mes pagará con las nuevas tarifas 34,80 euros, un 7,6% más que con las que estaban vigentes desde el pasado julio. Por su parte, un consumidor con la TUR 2 y un consumo de 800 kWh abonará a partir de ahora cada mes 62,81 euros, un 8,6% más que con la tarifa anterior. 

La subida interanual octubre 2017-octubre 2018 en las tarifas reguladas de gas natural representa un 13,7% y un 15,5% para ambos perfiles de usuarios. En octubre de 2017, un usuario con TUR 1 y un consumo de 400 kWh pagaba 30,62 euros al mes, mientras que uno con TUR 2 y un consumo de 800 kWh abonaba hace 12 meses unos 54,38 euros.

A nivel histórico, tras las tarifas vigentes desde este 1 de octubre, las más elevadas fueron las de enero de 2013 (34,17 euros para consumo de 400 kWh y 61,73 euros para el de 800 kWh) y las de septiembre de 2012 (33,96 euros y 61,83 euros, respectivamente).

«Una energía accesible»

Los sindicatos critican todos estos incrementos y piden al Gobierno Central que potencie un bono social de garantías. «La subida afecta principalmente a las familias más vulnerables. Exigimos al Estado que proteja a los consumidores con menos recursos y garantice su derecho a una energía asequible y accesible», indica el secretario general de la UGT en Tarragona, Joan Llort. El representante sindical incide, asimismo, en la necesidad de «consensuar un gran Pacto de Estado de la Energía», un acuerdo que, considera, debería contemplar «un mix energético con todos los servicios y avanzar, de esta forma, hacia un modelo más eficiente». 

En la misma línea se expresa Vicente Moya, de CCOO. «Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica», afirma Moya, quien califica como de «indiscriminadas» las tarifas de la luz. «Tan sólo en los últimos seis meses el recibo se encareció en un 25%», reitera. Por todo ello, CCOO propone «la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos», así como que se ponga el punto y final «a los abusos tarifarios, con la creación de una auténtica tarifa social». El sindicato también reivindica la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4%, «por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía», añade Moya.

¿Modificaciones legislativas?

Desde el Congreso, el diputado de los Comuns por Tarragona, Félix Alonso, considera que una de las claves para disminuir la factura de la electricidad es «reducir el porcentaje que representa el término de potencia y que la parte variable sea proporcional a la energía consumida». Según el también alcalde de Altafulla, el Estado «debe recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas para que los usos del agua operen en favor del interés general y se reduzcan los precios», un hecho que, enfatiza, «facilitaría la transición hacia un modelo 100% renovable». Finalmente, Alonso también reivindica «modificar el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la retribución injustificada que reciben las centrales». 

Jordi Salvador (ERC) califica como de «indecente» el precio de la luz, que considera que se rige por un sistema «macrocefálico y centralista». «Durante décadas, las eléctricas han contado con gobiernos que han gestionado a su servicio, aprobando decretos y normativas a su dictado», un hecho que ha impedido «la modernización y la incorporación de nuevas energías sostenibles». 

Sergio del Campo (Cs) afirma que para reducir los costes de la luz, gas y carburantes es «imprescindible» apostar por el «aumento de la competencia de los mercados, dejando de cargar a la ciudadanía con los costes de las malas políticas de PP y PSOE». Según el representante de la formación naranja, «se debe de simplificar la maraña de impuestos que están en la factura de la luz», por lo que se decanta por una transición «inteligente» que apueste «por las energías renovables, así como por una auditoría de costes del sistema y de la factura de la luz con el fin de garantizar que los consumidores paguen solo los costes directamente relacionados con el suministro». «Se debe apostar por la competencia de los mercados, la independencia de los organismos reguladores y acabar con los oligopolios», añade Del Campo. 

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