La mediación para resolver conflictos no acaba de ‘cuajar’

«Tenemos que hacer los deberes». Así lo reconocía Estela Martín, presidenta de la comisión de mediación del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. Se refería al hecho de que el año pasado se redujo el número de solicitudes para resolver conflictos por esta vía. Si en 2017 en el colegio se recibieron 97 peticiones, en 2018 fueron 70. Además, en los juzgados de la ciudad de Tarragona, las solicitudes bajaron de 59 a 34. 

Los primeros deberes, apuntaba Martín, tendrán que hacerse con los propios abogados, para que entiendan los beneficios de una fórmula que evita pasar por los juzgados pero que no prescinde de sus servicios. «Mucha gente desconoce que a la mediación uno puede ir acompañado de su abogado», explicaba. 

Y para aclarar conceptos lo primero que hay que saber sobre esta fórmula es que se trata de un proceso voluntario y que debe ser dirigido por un profesional acreditado (abogados, psicólogos, trabajadores sociales... Son algunos de los profesionales que pueden formarse en este ámbito). Lo que se busca es que las partes recuperen el diálogo y que sean ellas mismas, con la ayuda de un mediador imparcial, las que lleguen a una solución. Los acuerdos conseguidos tienen la misma validez legal que la sentencia que podría dictar cualquier juez.

Más rápido, más económico
Una de las ventajas, explicaba la abogada, de esta vía alternativa, es que ahorra tiempo, dinero y sufrimiento a las partes: «No hay que esperar a un juicio». 

Apunta que normalmente hay una primera sesión en la que se informa de en qué consiste la mediación. En el colegio de abogados hay un servicio de orientación que ofrece esta primera información de manera gratuita los viernes. El año pasado realizaron 132 sesiones informativas en sus sedes de Tarragona, El Vendrell y Valls. 

En ese momento se acuerda un número máximo de sesiones, porque no se trata de negociar indefinidamente. La experiencia, no obstante, es que la gran mayoría de los casos, el 72%, se solucionan en las primeras tres sesiones, es más, el 28% de los casos se resuelven en una única sesión. Las sesiones suelen durar, de media, entre una hora y hora y media. 

El mediador se puede elegir, siempre que las partes implicadas estén de acuerdo. En caso contrario lo habitual es que se asigne por lista. El registro, que administra la Generalitat es público y puede consultarse en la web (http://justicia.gencat.cat). En la ciudad de Tarragona, por ejemplo, hay 26 mediadores acreditados en lo que se refiere a temas de familia. 

También puede ser el juez quien, en vista del tipo de caso, sugiera la mediación. En esas circunstancias el proceso judicial se puede  paralizar durante 60 días.  

En lo que se refiere al coste, también es más económico que acudir a un juicio. Además, en el caso de que se quiera un mediador que sea abogado, las personas que, por su renta, tienen derecho a justicia gratuita también pueden hacer la mediación gratuitamente. Si no, el precio de las sesiones está regulado por la Generalitat y es de 40 euros por sesión para cada una de las partes. 

El ahorro también es significativo para el sistema judicial, que se evitaría, además, parte de su colapso. De hecho, hay estimaciones que hablan de que en España se podrían ahorrar más de 500 millones de euros al año si el 30% de los asuntos que hoy llegan a los tribunales pasaran por mediación.

Éxito en los casos de custodia
Otro de los retos es conseguir ampliar el abanico de asuntos para los cuales se acude a la mediación. Martí habla de «éxito» especialmente en los casos de custodia de los hijos tras la separación. «Cada familia sabe cómo es su vida, cómo funcionan, así que pueden llegar a mejores acuerdos que lo que pueda imponer un juez». 

También es útil en los casos donde hay menores y  lo que se busca no es una condena, sino que el menor comprenda que lo que ha hecho no es correcto. 

Y hay más campos por explorar, como los conflictos laborales. Un ejemplo es la situación en el que el trabajador sigue en la empresa, llegar a un acuerdo en mediación siempre es más beneficioso para las partes que una sentencia judicial.