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La mitad de los municipios tienen más pensionistas que trabajadores

La Tarragona vacía también está envejecida y jubilada. En el 55% de las poblaciones de la provincia –102 en total– las pensiones superan a los salarios 

Raúl Cosano

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Foto: Pixabay

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En Savallà del Comtat, en la Conca de Barberà, muy cerca ya de la frontera con Lleida, viven 60 personas. Sólo hay cinco afiliadas a la Seguridad Social, mientras que existen 16 pensionistas, 11 de ellos por jubilación. Es una de las poblaciones tarraconenses con una ratio más baja de empleados por pensionistas (un 0,3). Y es una de las 102 localidades (el 55% del total provincial) donde no se llega a ese equilibrio 1:1 y, por lo tanto, el número de pensiones supera al de empleados, toda una disfunción para la sostenibilidad del sistema de pensiones. 

Estas localidades, generalmente de interior y de tamaño reducido, llevan tiempo instaladas en esa media insuficiente, dramática para los expertos que sostienen que el actual modelo exige una ratio mínima de dos cotizantes por pensión. Algo parecido pasa en La Vilella Alta, Vilalba dels Arcs, Ulldemolins, Prat de Comte, Paüls Freginals o L’Argentera. 

Algunos están incluso por debajo del 0,5 de trabajadores por pensionistas, lo que vuelve a dibujar una fotografía muy similar a la que ofrece el mapa de riqueza, de rentas por habitante o de empleo en la provincia: más actividad económica en el litoral y en pueblos interiores cercanos a ciudades potentes como Tarragona o Reus y una desertización galopante y crónica en comarcas como el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Conca de Barberà o la Terra Alta. 

Es la foto que surge del cruce de los datos de pensiones y de empleo a nivel local. Se trata de cifras oficiales de afiliados a la Seguridad Social y de pensiones de jubilación en vigor a octubre de 2018, que solicitó el senador socialista Francisco Javier Oñate a través de una respuesta parlamentaria en el Senado. 

Es la realidad de una provincia envejecida y con un problema de despoblación y empleo concentrado en un puñado de municipios. A su vez, también ilustra la base del sistema de pensiones que, administrado a través de una caja única estatal de la Seguridad Social, intenta mantener la solidaridad entre las diferentes partes del territorio a pesar de sus diferencias. Sucede también a escala de Catalunya y de España. 

El Ebre, la zona peor parada

El reparto de pensiones y afiliados permite dibujar la crisis demográfica, la marcha de los jóvenes de los pueblos y la realidad de las ciudades dormitorio. Al fin y al cabo es una cuestión de riqueza; allí donde hay inversiones, existe más trabajo y, por lo tanto, se atrae a más población. «En la provincia llaman la atención las zonas más cercanas al área metropolitana de Barcelona. Cada vez más actividades se vinculan a esa región donde hay más concentración de capital. Ya sabemos que riqueza llama a riqueza», explica el economista de la Cepta Rafael Muñoz. «Las comarcas ebrenses siguen siendo esas grandes olvidadas del sur», añade Muñoz.  

En ese Baix Penedès hay que diferenciar, porque existen grandes contrastes. Calafell, en el ‘top ten’ de grandes municipios de la provincia, hay más beneficiarios (5.076) que asalariados (4.341), algo que también sucede en Cunit (2.628 frente a 1.622). Mejores datos ofrecen otros municipios próximos como Bellvei (2,6 trabajadores por pensión) o L’Arboç, impulsado por el trabajo en empresas como Saint-Gobain. La palma se la lleva Santa Oliva, que muestra una gran salud: 725 pensiones y 2.870 trabajadores, lo que eleva la proporción a 3,9.

Se salvan La Canonja o Perafort

Hay otros municipios que se salvan de la quema, siempre vinculados al tejido industrial: Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona, La Canonja, Constantí, Perafort o La Pobla de Mafumet. También destaca Puigpelat, un pequeño núcleo de 1.500 habitantes en el Alt Camp: 174 pensiones para 914 afiliados a la Seguridad Social, lo que arroja una media de récord ubicada en 5,2, algo comprensible si se atiende al papel de una firma como la multinacional sueca SCA Hygiene Products, una potente industria papelera. Todos estos municipios tienen más de tres cotizantes por pensión. 

En un rango inferior, entre dos y tres afiliados por jubilado, figuran poblaciones como Vila-seca o Salou, claros motores económicos en la provincia por el turismo, pero también otros enclaves no tan evidentes. Uno de ellos es El Morell, en parte beneficiado por la industria petroquímica cercana y por la llegada de gente joven. 
Otro caso muy representativo es el de La Riba (Alt Camp), con 200 pensiones y 492 empleados. No es de extrañar porque, si bien es un pueblo minúsculo, destaca por su empuje industrial histórico. Lo mismo sucede en Sarral (Conca de Barberà). Allí la multinacional de masas congeladas para panadería y bollería Europastry da empleo a 400 personas. Si bien muchas de ellas no residen en el propio municipio, su influjo es evidente: 379 pensiones y 1.071 afiliados a la Seguridad Social. 

Son las excepciones positivas a una tónica dominante marcada por la descompensación. Otros ejemplos: en Senan (Conca de Barberà) hay ocho pensiones y no figura ningún afiliado. Lo mismo sucede no lejos de allí, en Forès, con 15 pensiones y ningún cotizante. Aldover, Rocafort de Queralt, Alfara de Carles, Caseres, Collejou, El Montmell o Riba-roja d’Ebre también están entre los pueblos peor situados, donde escasean las nóminas o los autónomos y en cambio abundan las pensiones, no sólo de jubilación, sino también de orfandad, viudedad o incapacidad permanente. 

Para empezar a corregir estas situaciones, España necesitará tener 28,5 millones de cotizantes en 2050 para poder pagar los 15 millones de pensiones previstas a esa fecha. Supone que en 31 años el sistema tendrá que sumar casi 10 millones de afiliados más de los que hay actualmente, según cálculos de BBVA Research. 

Las soluciones, más allá de impulsar la natalidad y lograr que los jóvenes no emigren, pasan, según el Fondo Monetario Internacional, por la llegada a España de 5,5 millones de extranjeros hasta 2050; reducir la cuantía de las pensiones y fomentar los planes privados, con un ahorro del 5% del salario; la subida de las cotizaciones de los sueldos más altos y el incremento de la proporción de personas que trabajan. Otras opciones son crear impuestos para sufragar las pensiones o financiarlas con los presupuestos. 

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