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Adiós a las cláusulas suelo, es decir, el interés mínimo que aplicaban los bancos al pago de la hipoteca. Más información para los usuarios. Que la Banca asuma ciertos gastos que hasta ahora pagaba el comprador. Más dificultades a la hora de desahuciar a las personas que no pueden asumir el pago de la hipoteca... Son algunas de las principales novedades de la nueva ley hipotecaria que entró en vigor el domingo y que se empezó a aplicar ayer.
La nueva ley supondrá un ahorro de hasta 1.000 euros para quien decida comprar una vivienda, según los cálculos del portal iahorro.com. Las primeras copias del notario, el registro y la gestoría, que hasta ahora iban a cargo del comprador, deberá pagarlos la entidad bancaria.
El ahorro más importante para el ciudadano, sin embargo, se deriva de que el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, un 1,5% del valor de la hipoteca, también deberá sufragarlo el banco. En una hipoteca cuyo capital sea de 100.000 euros puede suponer unos 2.400 euros. La obligatoriedad de que dicho impuesto vaya a cargo del banco ya entró en vigor el pasado noviembre.
DesprotecciónEn un primer momento, los bancos deberían haber asumido dicho impuesto con carácter retroactivo, según una sentencia del Supremo, pero el Alto Tribunal se corrigió a sí mismo y decidió que sólo sería de esa fecha en adelante. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculó que la medida beneficiaría a más de 3.000 nuevos hipotecados en Tarragona.
Según Facua, en la nueva ley «no se ha establecido un techo a los tipos de interés de las hipotecas, por lo que las familias quedan desprotegidas si el euríbor o el resto de tipos de referencia se disparan en el futuro».
Las hipotecas, precisamente, se han disparado en Tarragona en el último año. En marzo de 2018 se concedieron, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 404 hipotecas de vivienda. El pasado marzo, la fecha más reciente disponible, fueron 504, es decir, un 24,75%. La cuantía de las hipotecas aún creció más. Pasó de 35,7 millones de euros en marzo del año pasado, a 46,7 millones este marzo, un 30,77% de aumento.
En teoría la ley parece atractiva y beneficiosa para el ciudadano, pero las asociaciones de consumidores y la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) no lo ven tan claro. De entrada, la ley se aplica con tres años de retraso, ya que es la transposición (aplicación en un país en concreto) de una directiva europea. El Gobierno del PP se resistió como gato panza arriba hasta que la Comisión Europea le amenazó con una multa de 100.000 euros diarios. El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, tuvo que ceder y diseñó una norma que finalmente vio la luz el pasado febrero con un ejecutivo socialista.
Juanma Espinosa, de la PAH de Tarragona, considera positivo que desaparezcan las cláusulas suelo y que el banco tenga más dificultades para poder desahuciar, pero cree que la nueva normativa «defiende los intereses de la Banca. No es más que un parche. Y a una familia la pueden seguir echando de casa y, además de perder su piso, mantener la deuda».
¿Qué harán los bancos?
La PAH defiende que la dación en pago sea obligatoria y que si una persona pierde la vivienda, el banco le ofrezca una casa con un alquiler social mientras no se aumente el parque de viviendas de protección oficial.
Espinosa se muestra escéptico ante el nuevo papel que se otorga al notario, quien debe explicar claramente al cliente las condiciones de la hipoteca, y pronostica que la entidad bancaria no perderá dinero: o subirá los tipos de interés de la hipoteca o impondrá otras comisiones.
La asociación de consumidores Adicae achaca a la banca subidas en los diferenciales que aplica a los préstamos hipotecarios, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley. Cuantifica las alzas entre el 10% y el 36%. Los bancos «parecen haber anticipado sus políticas de precios antes de la entrada en vigor de la nueva legislación hipotecaria», dice Adicae.
El propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, admitió ayer que las nuevas condiciones impuestas por la normativa «podrían suponer que las entidades tratasen de trasladar esos costes vía incremento de los precios». Hernández de Cos matizó en todo caso ese posible incremento de precios ligando su impacto en la oferta comercial «al grado de competencia que haya en el sector» hipotecario. «En España es muy elevado», afirmó.
Otra entidad de consumidores, Facua, también es muy crítica: «La norma incorpora mejoras para los consumidores, especialmente en materia de transparencia, pero se ha desaprovechado una gran oportunidad para proteger los derechos de los usuarios que atraviesan problemas económicos que les impiden pagar las cuotas hipotecarias durante un periodo de tiempo».
