La oposición acusa al alcalde de mentir sobre la Budellera y pide medidas

Si inicialmente la batalla política sobre el Pla Parcial de la Budellera estaba en que si se tenía que llevar adelante –la mayoría de las fuerzas de la oposición se han mostrado en contra de ello– ahora la tensión de las diferentes fuerzas municipales está en si el Ayuntamiento ha decidido de mutuo propio rebajar a la mitad la altura de los edificios o, en cambio, ha sido una imposición de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona.

El primero en avivar el fuego fue el portavoz del grupo municipal de ERC-MES-MDC. Pau Ricomà recordaba que las prescripciones que dio la Comissió d’Urbanisme hacían referencia «a la desmesura de las dimensiones del plan y se aconseja ajustar la ejecución de las obras de urbanización y edificación a las previsibles demandas de mercado». Añadía que la comisión evidencia «esta desmesura de forma muy gráfica: la construcción de la Budellera, con 15.500 habitantes, supondría crear un barrio de las dimensiones de poblaciones como Torredembarra; incrementando en un 12 por ciento la población total de Tarragona. El informe dice, textualmente, que es desproporcionado implantar un paquete residencial de estas dimensiones». Por ello pedía «transparencia» al alcalde y que no mintiera. «Tenemos tiempo y margen para buscar una solución de consenso y repensar el crecimiento de la ciudad», sentenciaba, en el sentido de apostar por la reformulación del proyecto de la Budellera.

‘Mala fe’

Desde el Ayuntamiento, la concejal Ivana Martínez calificaba de «ignorancia absoluta» o de «malicia» las declaraciones de Ricomà. Explica que el 17 de enero se produjo una reunión con el director general y los técnicos de los servicios de Urbanisme «donde debatimos y acordamos los aspectos que se tratarían en la Comissió Territorial d’Urbanisme. «Por lo tanto, en todo momento se ha producido un proceso de acuerdo con el director general de Urbanisme de la Generalitat, que ha tenido un comportamiento exquisito».

Martínez añadía que «hay cosas que se plantean en la reunión que son de obligado cumplimiento y otras no, pero en todo caso todas son acordadas y ahora lo que nos toca es responder si cumplimos las recomendaciones y cómo lo hacemos. Estos acuerdos, propuestos por iniciativa nuestra, nos permiten una segunda aprobación inicial. Cabe recordar que el objetivo que tienen las tramitaciones urbanísticas es poder hacer modificaciones en las propuestas iniciales con el fin de que sean lo más adecuadas al interés general».

Transparencia y diálogo

Por su parte, desde la CUP se ha pedido la convocatoria de una Junta de Portaveus extraordinaria para que el alcalde Ballesteros dé cuenta a los grupos municipales de los acuerdos de la Comissió d’Urbanisme «y valorar la nueva situación respecto al PPU-24».

La portavoz Laia Estrada quiere que el equipo de gobierno clarifique cuál será la hoja de ruta prevista a partir de ahora, en relación a «la creación de una mesa de diálogo» a la que se comprometió públicamente Ballesteros. Afirma que «las modificaciones efectuadas no deben entenderse como ningún tipo de concesión, sino que son el resultado de las determinaciones efectuadas por la Comissió Territorial d’Urbanisme».

Mientras, los vecinos esperan también el puente de diálogo prometido con el alcalde para trabajar el tema.