La oposición exige cambios para regular los pisos ilegales en Tarragona

Los partidos de la oposición en el Parlament de Catalunya exigen a las formaciones que integran el Consell Executiu (JxCAT y ERC)  de la Generalitat que impulsen medidas legislativas de manera inmediata para actualizar la regulación de las viviendas turísticas ilegales. 

«El auge del alquiler vacacional es imparable, y lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado, sobre todo viendo los efectos negativos que está acarreando. Lo que tenemos que hacer es tomar decisiones y, la primera de ellas, debe ser la de establecer un marco de legislación nacional para evitar la normativa dispersa que existe entre las diferentes comunidades», indica la diputada de Ciutadans, Lorena Roldán. 

«Legislar por separado y sin coordinación genera más caos y más problemas. Los criterios deben ser claros y sencillos para poder dar seguridad jurídica a propietarios, plataformas, operadores y usuarios. Una regulación que, por supuesto, debe perseguir el fraude y la economía sumergida y asegurar las obligaciones fiscales de usuarios y plataformas», recalca la representante de la formación naranja, quien critica que «como siempre, el Govern de Torra y los partidos separatistas que le apoyan están más preocupados en resolver sus crisis internas y perpetuar su modus vivendi que no en trabajar por los problemas reales de los catalanes». 

«Hay situaciones conflictivas»

Por su parte, la diputada del PSC Rosa Maria Ibarra reconoce que el auge de las viviendas turísticas está generando situaciones «conflictivas». «En algunos casos se han dado problemas de convivencia entre las personas que alquilan estos pisos y los residentes habituales», resalta, a la vez que añade: «El hecho de que el propietario de estos pisos saque mayor rentabilidad de este tipo de alquiler que no de un arrendamiento para vivienda habitual provoca que destinar muchos inmuebles para este uso encarezca los precios del alquiler para los residentes habituales». 

Por ello, Ibarra apuesta por «regular muy bien» el sector «para poder compatibilizar la libertad del propietario para el uso de su propiedad, destinándolo a este fin, y el derecho a la convivencia de vecinos y vecinas». En cuanto a medidas concretas, la formación socialista cree que «se podrían impulsar las modificaciones legislativas pertinentes para que las nuevas licencias de viviendas turísticas sean temporales», de forma que su renovación «esté sujeta a la falta de incidencias, a partir de un sistema de puntos similar al carné de conducir», de tal manera que «la pérdida de puntos esté relacionado con el número de incidentes producidos, como ruidos y molestias o no contestar al teléfono de contacto, teniendo como consecuencia la no renovación de la licencia».

Yolanda López, de los Comuns, pide «endurecer las sanciones y que los ayuntamientos puedan sancionar directamente a los propietarios de pisos que alquilan de forma ilegal sus pisos». En este sentido, recuerda que «en Catalunya, el único Consistorio que puede sancionar directamente es Barcelona, y la gestión de este problema por parte de su ayuntamiento ha resultado más efectiva que la gestión de la Generalitat», de la que considera que su labor en este aspecto «es claramente ineficaz, con una protección excesiva hacia el propietario». 

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Alejandro Fernández, recuerda que «corresponde al Govern de la Generalitat garantizar la legalidad de los pisos turísticos, la inspección y las correspondientes sanciones». Sobre ello, el representante de la formación conservadora critica que la administración autonómica «pida más competencias cuando no ejerce las que tiene». 

Finalmente, Laia Estrada –portavoz del Secretariat Nacional de la CUP– afirma que los pisos turísticos «son una intromisión a la vida vecinal», y lamenta que las medidas que aplican la Generalitat y los ayuntamientos «son muy débiles» para «reducir el volumen de estos alojamientos, que están en manos de empresas».