Cinco de los siete partidos que tienen representación en el Saló de Plens del Ayuntamiento de Tarragona consideran que la aportación que realizará el Estado español el próximo año para los Juegos del Mediterráneo de 2017 es insuficiente. Ciutadans, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, la CUP e Iniciativa per Catalunya lamentan que la partida de 3,4 millones de euros que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 están demasiado lejos de los 14,7 que, tanto el equipo de gobierno municipal como el Comité Olímpico Español (COE), habían solicitado hace pocas semanas.
De hecho, la cifra que pagará la administración central el próximo año será sólo el 23,1% del dinero que el Consistorio reivindica para llevar a cabo las reformas del centro acuático y del campo de atletismo de Campclar, así como del Nou Estadi del Nàstic, emplazamiento que albergará las ceremonias de inauguración y clausura del evento, ya que la organización decidió no construir el estadio desmontable.
‘Es un paso hacia adelante’
Pese a la baja cifra que pagará el Estado en 2016, lo cierto es que desde el equipo de gobierno de Tarragona se valora «positivamente» el hecho de que «al final haya partida», según indicó ayer el concejal de Presidència i Temes Estratègics, Javier Villamayor (PSC), tras conocer la inversión estatal.
El edil socialista considera que el hecho de que se haya podido reconducir, en parte, el primer esbozo de las cuentas estatales –que no preveían nada para el evento– «es un importante paso hacia adelante». Asimismo, el gabinete de la Plaça de la Font espera que estos 3,4 millones «puedan ser ampliados en el futuro», ya que la ciudad «no renuncia al centro acuático», valorado en unos siete millones de euros.
La otra formación que ve con buenos ojos la implicación estatal es, lógicamente, el Partido Popular. Su portavoz, Alejandro Fernández, considera que «es una inversión importante, que va dirigida a equipamientos deportivos que la necesitaban y, por lo tanto, es sostenible y dejará legado a la ciudad». A juicio del edil conservador, «ahora el comité organizador de los Juegos tiene que hacer todo lo posible por conseguir más patrocinios privados y aprovechar los beneficios fiscales que da el Gobierno de España».
‘La cifra es muy baja’
De forma diametralmente diferente califican la implicación de la corporación central los otros cinco partidos de la oposición. El portavoz de la segunda fuerza del Saló de Plens, Rubén Viñuales (Ciutadans), considera que la partida prevista «es claramente insuficiente», ya que «está muy lejos de los 15 que se pedían». En este sentido, el líder del partido naranja enfatizó que «el alcalde aún no nos ha convencido de la viabilidad del proyecto», por lo que «le damos de plazo hasta final de año para que nos dé argumentos para apoyar la celebración del evento».
El otro partido que se muestra crítico con el Estado pese a no estar en contra de la organización de Tarragona 2017 es Convergència i Unió. Su máximo representante, Albert Abelló, definió como de «ridícula y vergonzosa» la implicación del ejecutivo central. «Los 3,4 millones son un menosprecio hacia la responsabilidad que tiene la ciudad». El edil de la formación independentista considera, sin embargo, que «ya es demasiado tarde para tirar hacia atrás», y lamenta que la situación actual «ya la denunciamos el pasado mes de febrero. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón». Pese a ello, la federación entre CDC y Unió seguirá apoyando la organización del evento, como ya demostró en el pleno del pasado lunes votando en contra de renunciar a los Juegos.
‘Cada día una noticia peor’
En la misma línea se mostró el líder de ERC, Pau Ricomà, quien remarca que «cada día tenemos una noticia peor de la evolución de los Juegos». El portavoz del partido republicano critica que «la financiación estatal recuerda a la del Mercat Central, que ya vemos cómo ha ido», a la vez que recordó que «estos 3,4 millones no son lo que se especificó en el plan operativo ni en el plan director de los Juegos». Asimismo, el edil independentista asegura que «los problemas no vienen sólo por la inversión pública, sino que los patrocinadores privados tampoco son los que se esperaban». Por todo ello, ERC reivindica su propuesta para llevar a cabo una consulta ciudadana para decidir si se organizan los Juegos».
De una forma mucho más contundente se expresó Laia Estrada (CUP), quien asegura que la aportación prevista por parte del ejecutivo central «es una broma de mal gusto» que, a su juicio, «demuestra que esos Juegos están condenados al fracaso».
Finalmente, la portavoz de ICV, Arga Sentís, considera que «si este es el compromiso del Estado, lo cierto es que es muy decepcionante», ya que «lo que logra es alimentar la incertidumbre sobre la financiación del evento». Por todo ello, Sentís considera que «debe hacerse un informe económico y jurídico para estudiar el proceso a llevar a cabo para renunciar a organizar los Juegos».