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La oposición vuelve a cargar contra el alcalde por su papel en el Caso Inipro

Mientras ERC acusa a Ballesteros de mentir, la CUP no descarta pedir su dimisión cuando se levante el secreto de sumario

Àngel Juanpere

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Josep Fèlix Ballesteros, en una foto de archivo, saliendo de los Juzgados de Tarragona después de declarar ante el juez instructor. Foto: FERE FERRÉ

Josep Fèlix Ballesteros, en una foto de archivo, saliendo de los Juzgados de Tarragona después de declarar ante el juez instructor. Foto: FERE FERRÉ

Después del informe de Intervención del Estado sobre la contratación de Inipro por parte del Ayuntamiento de Tarragona en 2011 –ver Diari del pasado domingo–, donde se apuntaba, entre otros aspectos, que no hay constancia de que la empresa hubiese hecho el trabajo por el que fue contratada, los cuatro partidos de la oposición han cargado duramente sobre el papel jugado por el alcalde en el asunto, así como también durante la tramitación de la causa en el Juzgado.

Quizás uno de los más contundentes fue Pau Ricomà (ERC), quien aseguró que «el problema es que quien dice mentiras no merece confianza y para ser alcalde hay que merecer toda la confianza de la ciudadanía». Y añadió: «No podemos confiar en un alcalde que ha mentido deliberadamente ante un caso, el de Inipro, que afecta directamente a la credibilidad del gobierno de la ciudad y perjudica gravemente la imagen de Tarragona».

La concejal de la CUP –partido personado como acusación particular en la causa–, Laia Estada, aseguró ayer que el documento pericial avala la tesis que siempre ha mantenido su partido, «viene a confirmar nuestras tesis desde un principio». Aseguró que el Ayuntamiento contrató unos servicios «no necesarios», y a día de hoy «no se ha acreditado la necesidad del concurso».

Desde la CUP se espera saber el resultado de la pieza separada de la causa que está bajo secreto de sumario para determinar si pide la dimisión de Ballesteros.

La dimisión

En términos similares se pronunció el portavoz del grupo municipal de Ciutadans (C’s), Rubén Viñuales, quien anunció que su partido «pedirá la dimisión del alcalde si se le abre un juicio oral por el caso Inipro». Y señaló que «debería ser el mismo alcalde quien debe replantearse su figura al frente del ayuntamiento si su situación procesal se ve alterada y pasa de investigado a acusado». Viñuales dijo que el informe pericial «deja en evidencia la tesis exculpatoria del equipo de gobierno que aseguraba que las facturas correspondían a trabajos ejecutados».

Para la portavoz de la CUP, quien tiene que dar explicaciones sobre el tema es el propio alcalde Ballesteros, «porque Tarragona es sólo la punta del iceberg». Y desde la CUP le plantean dos preguntas: «¿De quién fue la idea de ligar las tres empresas?» y «¿cuál fue el papel del alcalde?». Las dos preguntas se las formularán a Ballesteros en el próximo pleno.

Sobre el papel que ha mantenido el alcalde Josep Fèlix Ballesteros y su equipo durante este conflicto, la concejal de la CUP aseguró que «es un hecho muy grave porque desde un principio han querido quitar importancia al caso. Hablaron de irregularidades, de deficiencias en la reestructuración del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST)». Por ello, considera que está claro que es un caso penal, no un tema administrativo, como se ha querido difundir desde el Ayuntamiento.

El portavoz convergente, Albert Abelló, también se refirió a la intención desde el ejecutivo municipal de quitar hierro al asunto:«Si el contenido del informe del interventor del Estado español filtrado a los medios de comunicación es cierto, está claro que no estamos ante ninguna mala praxis administrativa ni de gestión, como ha querido hacer creer el señor Ballesteros».

Estrada recordó que cuando en su día pidieron al Ayuntamiento copia de los trabajos realizados por Inipro, se les respondió que toda la documentación ya estaba en el Juzgado, y cuando la solicitaron a los tribunales «nos dijeron que no la tenían» y por ello el magistrado la tuvo que reclamar a mediados de enero al Ayuntamiento. Ahora, con la documentación que obra en la causa, el interventor del Estado ha determinado que no sólo no se realizaron los trabajos, sino que los pagos realizados en 2011 y 2012 también son irregulares porque no hubo una prórroga del contrato –porque no podía ser–.

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