La perrera de Vilallonga, también bajo sospecha

La instrucción de la causa, en un Juzgado de Valls, está acabada y pendiente del escrito de acusación

19 mayo 2017 17:04 | Actualizado a 21 mayo 2017 16:00
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El fiscal presentó en verano de 2014 una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valls contra los responsables de la empresa encargada de la perrera de Vilallonga del Camp basándose en un informe elaborado por los agentes rurales del Tarragonès. En la documentación, entre otros aspectos, se dice que en cinco años murieron o desaparecieron el 62 por ciento del total de perros que entraron en el centro. Ahora, una vez finalizada la instrucción, el fiscal está pendiente de presentar el escrito de acusación.

El documento de los agentes rurales también destacaba la incineración de 573 animales. Fue la asociación animalista Libera quien dio la voz de alarma sobre posibles irregularidades en el funcionamiento del núcleo zoológico encargado de la recogida y mantenimiento de animales de compañía abandonados de las comarcas del Alt Camp y Baix Camp, la empresa Servicio Mascota Domingo López, con sede en Vilallonga del Camp. Posteriormente, la misma asociación presentó otro escrito de denuncia sobre posibles irregularidades en la captura de gatos efectuados por la misma empresa en el municipio de Rodonyà.

Los agentes rurales llevaron a cabo una investigación sobre el funcionamiento del núcleo zoológico. Durante la primera inspección, efectuada el 17 de mayo –que duró más de tres horas–, se constató el desorden en la documentación referente al núcleo y a los animales acogidos. Por ello, decidieron llevarse todos los papeles necesarios para escanearlos. Sólo constaban identificados los animales recogidos con chip y los adoptados que se identifican con microchip con posterioridad a la preadopción.

Con todo, no consta de todos los animales la identificación individual de la especie o raza así como las circunstancias de captura, encuentro o entrega y de la persona que ha sido propietaria si es conocida. Tampoco quedaban recogidos aquellos casos de animales muertos por eutanasia ni los datos de las personas propietarias o poseedoras en el caso de los animales que permanecen temporalmente en la residencia. Las bajas de animales por muerte no se distinguen por su causalidad: muerte natural, motivos humanitarios o sanitarios, etcétera.

El núcleo realizó una ampliación de las instalaciones no autorizada. Además, disponía de servicio veterinario sólo en casos puntuales y no siempre el mismo facultativo. Desde el 13 de junio de 2012 hasta el momento de la inspección –17 de mayo de 2013–, el libro de registro reflejaba la entrada de 459 perros, mientras que en las instalaciones sólo había 95.

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