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El incremento de presos que ha registrado el centro penitenciario de Mas Enric ha iniciado un conflicto con el juzgado de paz de La Secuita. Así lo denuncia el sindicato UGT, que en un comunicado de prensa culpa al Departament de Justícia de la Generalitat de la "falta de previsión".
El juzgado de paz de La Secuita funciona desde 2007 a instancias del alcalde de esta localidad y da cobertura a los municipios de La Secuita, El Catllar, Els Pallaresos, Renau y Perafort. El organismo, que no tiene competencias en materia de registro civil, funciona con una plantilla de dos funcionarios además de un refuerzo temporal.
El sindicato denuncia que a partir de noviembre de 2015, cuando se efectuó el traslado desde la prisión de Tarragona a Mas d'Enric, "no se tuvo en cuenta el volumen de trámites judiciales que genera un equipamiento de estas características". Básicamente hace referencia a las comunicaciones que reciben los reclusos y que el personal del juzgado de paz debe entregar en mano. "En un principio se calculó una ratio de 4,5 exhortos al año por persona, cuando en realidad son ocho", describe el comunicado emitido por el sindicato.
El año pasado se habían previsto 1.000 comunicaciones, para unos 300 reclusos, sin embargo se hicieron un total de 2.290 comunicaciones. "El personal del juzgado de paz se dedica más a la prisión que a acometer las funciones por el cual fue creado", afirmó el responsable del Sector de Justícia, Federació de Serveis Públics- UGT Comarques de Tarragona, Jordi Giménez.
El sindicato teme que, con el traslado de los presos de la Model, en principio previsto a partir del mes de septiembre, el problema se acentúe. Y es que el centro podría llegar a los 800 internos. Por ello reclaman a la conselleria que depende de Carles Mundó que "anunció que en un plazo de un año se crearía un juzgado de paz con la dotación adecuada de recursos en El Catllar, pero ha pasado este periodo y no hay noticia alguna".
